Cádiz.- El coordinador general de IULV-CA, Diego Valderas, ha pedido hoy al Ejecutivo central y a la Junta de Andalucía que no acepten el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que ha planteado la multinacional Imperial Tobacco para su planta gaditana.
De izquierda a derecha, Ignacio García, Diego Valderas, Carmen Pérez, Sebastián Terrada y miembros del Comité de Empresa en la factoría de Altadis en Cádiz tras la reunión mantenida el coordinador general de IULV-CA con los representantes de los trabajadores.
En declaraciones a los periodistas, Valderas ha sostenido que no hay ningún motivo para aceptar dicha medida ya que la planta sigue siendo rentable ya que tiene suficiente potencialidad para seguir funcionando al mismo ritmo que hasta ahora.
El coordinador general de IULV-CA ha defendido que la planta de Cádiz sigue siendo rentable, por lo que ha asegurado su grupo va a luchar para mantener la actividad tabacalera en Cádiz y para mantener los 300 empleos que hay en la factoría y, por extensión, a todos los de las empresas auxiliares.
Por este motivo, Valderas ha pedido la creación de una comisión de investigación e información en el Parlamento Andaluz para esclarecer las subvenciones que se les han dado directa o indirectamente a la empresa, "ya que no se puede permitir que las multinacionales sigan viniendo aquí a llevarse nuestras subvenciones sin ningún tipo de compromiso".
De este modo, Valderas ha manifestado que no se puede tolerar que se vuelva a perder más empleos industriales en la Bahía de Cádiz, y ha añadido que, según los informes que tiene el comité de empresa, se van a trasladar actividades a Polonia, Logroño o Cantabria cuando se podrían desarrollar en la planta gaditana.
Por ello ha explicado que hay que apostar por mantener la actividad y por desarrollar un nuevo plan de viabilidad que mantenga el mayor nivel de empleo para la factoría.
Además ha dicho que espera que detrás de esta operación no haya un trasfondo especulativo con los terrenos de la planta a costa de perder actividad industrial.
Por otra parte, el parlamentario andaluz de IU por Cádiz, Ignacio García, ha hecho referencia a otro conflicto empresarial y ha acusado a la dirección de Delphi de querer chantajear a la Junta de Andalucía con la petición de prolongar los contratos de los trabajadores que aún permanecen en la factoría puertorrealeña.
García ha explicado que esta sugerencia puede ocultar una manipulación del proceso concursal ya que así se retendrían los terrenos para conseguir "algún tipo de beneficio".
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