Lima.- La Unión Europea (UE) reconoce errores de comunicación para transmitir en Latinoamérica el contenido de la polémica ley de retorno, aunque considera que algunos Gobiernos "sobrerreaccionaron" ante "rumores que no corresponden a las intenciones" del bloque.
En Europa viven cerca de ocho millones de emigrantes irregulares que podrían verse afectados la nueva directiva de retorno, entre ellos latinoamericanos.
Así lo afirmó hoy el embajador de Francia en Perú, Pierre Charasse, como representante del país que hoy asumió la presidencia de turno de la UE, tras admitir que fue un error europeo "no tener en cuenta la sensibilidad en este tema en América Latina".
En rueda de prensa en Lima, Charasse explicó que en Europa "no es una novedad" la discusión de una ley que regule el retorno de los inmigrantes indocumentados y por ello no se consideró importante informar bien sobre el tema.
Esta situación, que coincidió además con la transición en la presidencia de turno de la UE, dio pie a "que muchos reaccionaran sin conocer el texto", enfatizó.
El diplomático aseguró que la directiva, aprobada por la Eurocámara el pasado 18 de junio, pretende armonizar las posiciones entre los Veintisiete para "ordenar y facilitar las migraciones legales, luchar contra la inmigración ilegal y promover el desarrollo de los países con fuerte migración".
El embajador también se refirió a la resolución de la Organización de Estados Americanos (OEA) de enviar una misión de alto rango a la UE para informarse sobre la directiva, a la que consideró "respetuosa" con la decisión soberana de la Eurocámara.
Sin embargo, Charasse consideró "curioso" que en lugar de consultar a los países europeos, los latinoamericanos hayan acudido a la OEA, "donde participan los EE.UU., que literalmente está construyendo un muro contra los inmigrantes, algo más violento que la directiva de retorno".
Esta directiva de la UE prevé que los inmigrantes irregulares, incluidos los menores, puedan ser detenidos e "internados" en centros especiales por un período máximo de 18 meses mientras se tramita su expulsión.
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