Río de Janeiro.- El Gobierno de Brasil compensará a las familias de tres jóvenes asesinados con ayuda de militares con el pago de una pensión equivalente a un salario mínimo (unos 259 dólares), dijo hoy el ministro de Defensa, Nelson Jobim.
Los jóvenes fueron capturados por la patrulla militar en el barrio de Providencia, en la zona portuaria de Río y trasladados en un jeep militar hasta la vecina barriada de Mineira, que es controlada por narcotraficantes rivales.
A mediados de junio los tres jóvenes habitantes de una favela de Río de Janeiro fueron arrestados y secuestrados por un grupo de 11 militares, que los entregaron a narcotraficantes que los torturaron, los mutilaron y los mataron con 46 disparos.
El caso conmovió a la opinión pública brasileña y los 11 miembros del Ejército (un oficial, tres sargentos y siete rasos) fueron arrestados y esperan juicio por cargos de "asesinato triplemente calificado, con uso de crueldad, por motivo fútil y sin oportunidad de defensa de las víctimas".
Los jóvenes fueron capturados por la patrulla militar en el barrio de Providencia, en la zona portuaria de Río y trasladados en un jeep militar hasta la vecina barriada de Mineira, que es controlada por narcotraficantes rivales.
"Estamos haciendo un levantamiento y pensando en algo como un salario mínimo por familia", dijo Jobim a periodistas a su salida de una interpelación ante el Congreso.
El ministro fue convocado por una comisión de la Cámara de Diputados para que explicara la presencia de los soldados en la favela carioca para apoyar un programa social auspiciado por un aliado del Gobierno que es candidato a alcalde de la ciudad.
El ministro atribuyó el arresto que llevó al asesinato de los tres jóvenes a una "irresponsabilidad militar".
También admitió que las autoridades están investigando la vinculación de militares con el tráfico de drogas en Río de Janeiro, la segunda mayor ciudad brasileña y cuyas barriadas populares son controladas por bandas organizadas.
Por su parte, un informe del caso, elaborado por una comisión del estatal Consejo de Defensa de los Derechos de la Persona Humana señaló la existencia de "una relación promiscua" entre las Fuerzas Armadas y el crimen organizado en Río de Janeiro, informó la estatal Agencia Brasil de noticias.
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