Una comisión creada por Gobierno se pronuncia contra cuotas de inmigrantes

París.-  Las cuotas de inmigrantes propugnados por el presidente francés, Nicolas Sarkozy, serían ineficaces, según una comisión de "sabios" a la que el ministro de Inmigración, Brice Hortefeux, pidió que reflexionara sobre el marco constitucional de la nueva política de inmigración "escogida" del Gobierno.

El pasado enero, el ministro pidió al grupo de "sabios" liderado por el ex presidente del Consejo Constitucional, Pierre Mazeaud, que estudiara el control de los flujos migratorios, en particular por medio de cuotas, y la simplificación del sistema de contencioso (actualmente administrativo y judicial) de los extranjeros.

La comisión ha respondido con un triple no a los interrogantes del Gobierno: no a las cuotas, no a una reforma de las jurisdicciones y no a una revisión constitucional, afirma hoy "Le Figaro".

Sarkozy ha abogado porque cada año se fije un tope de extranjeros admitidos en Francia y que dentro de ese límite se establecieran cuotas por profesión, categoría y "por región del mundo".

"Una política de contingentes migratorios limitativos carecería de utilidad real en materia de inmigración laboral y sería ineficaz contra la inmigración irregular", afirma la Comisión, del que extractos de su informe son divulgados hoy por "Le Figaro" y "Líberation".

En el documento, que será entregado oficialmente a Hortefeux el próximo viernes, el grupo afirma que "una política de cuota migratoria global o por grandes tipos de inmigración no se practica en ninguna parte en Europa".

La cuota es sinónimo de "fijación unilateral y oportunista de contingentes de entradas", a juicio de la comisión, que en el fondo considera que las cuotas migratorias vinculantes serían "irrealizables o sin interés", señala "Libération".

Sobre la cuestión de cuotas por nacionalidad o región del mundo, el grupo recuerda "el principio de igualdad" entre todos los ciudadanos sea cual sea su nacionalidad garantizado por la Constitución y los tratados internacionales firmados por Francia.

Considera, sin embargo, que los contingentes por país pueden justificarse en "el interés común de los países de acogida y de origen".

Sobre la inmigración familiar, principal vía de entrada en Francia, afirma que los poderes públicos "no tienen un poder discrecional para determinar los flujos" y que, como la Constitución y los tratados internacionales garantizan el derecho de vivir en familia, las autoridades no pueden arrogarse el derecho de fijar el número de extranjeros autorizados a entrar en Francia.

En cuanto a la inmigración laboral, añade, unas cuotas podrían contemplarse a nivel nacional o europeo, "pero no son indispensables para el control de los flujos".

Como instrumento de lucha contra la inmigración ilegal, una políticas de cuotas no sólo no tiene sentido sino que, además, podría tener "paradójicamente un efecto de incitación", advierte.

Por otra parte, excluye la creación de una jurisdicción especializada para los contenciosos en materia de extranjeros.

El grupo, que fue más allá de lo que el Gobierno le había fijado, añade una serie de recomendaciones a favor de una política de inmigración inspirada por el triple empeño de "la transparencia, la simplicidad y la solidaridad", indica "Libération".