La Junta de Castilla y León percibe la "deriva" de negociación política "injusta" sin una base técnica

Valladolid.-  La Junta de Castilla y León ha lamentado hoy la "deriva" de "negociación política" en el debate sobre el futuro modelo de financiación autonómica, "sin una base técnica", que puede desembocar en un sistema "claramente injusto", en opinión de la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo.

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(EFE)

La consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, durante una rueda de prensa.

En el acto de presentación de la ampliación del estudio sobre financiación autonómica elaborado por la Universidad de Valladolid, que avanza en la cuantificación del coste efectivo de la prestación de servicios sociales, la consejera ha reiterado que la aspiración de Castilla y León es que en el modelo primen criterios como la dispersión y la extensión territorial y el envejecimiento.

En concreto, Del Olmo se ha apoyado en el estudio de la Universidad de Valladolid para insistir en que Castilla y León defenderá que el peso que se otorga en el sistema de financiación actual al número de habitantes de cada comunidad, superior al 94%, descienda hasta el 80 por ciento a favor de los criterios concretados en el propio Estatuto de Autonomía.

El estudio de la institución académica vallisoletana, que fue presentado en una primera entrega en febrero de 2007 para aportar datos sobre el coste efectivo de la prestación de servicios educativos y sanitarios, ha ampliado ahora sus cálculos al resto de los servicios sociales, de especial interés para cuantificar el coste de la aplicación de la denominada Ley de Dependencia.

Los catedráticos Olga Ogando y Carlos Cavero, directores del estudio, han recordado respecto al reparto de fondos asociados a la educación y la sanidad que en su opinión deben romperse los actuales criterios para que se ponderen más variables que condicionan el gasto real de la prestación del servicio.

En el caso de la sanidad, los analistas distinguen entre factores poblacionales, que deben 'pesar' el 65 por ciento, factores territoriales (25,5%) y factores de infraestructuras (9,5%).

La aportación novedosa de la ampliación del estudio es la referida al gasto en servicios sociales, ya que especifica que el modelo de financiación autonómica debe ponderar en un 59,4 por ciento factores relacionados con el número de personas beneficiarias y características de la dependencia, en un 21,3 por ciento el envejecimiento y la dispersión y en un 19,3 por ciento la exclusión social.

La actualización de los registros, que ahora se han calculado con datos correspondientes a 2005, no ha variado las conclusiones del estudio, según ha explicado Cavero, quien ha insistido en que el sistema de financiación actual es "fruto de un acuerdo político pero no se basan en análisis técnicos objetivos".

En este sentido, la consejera ha criticado al Ministerio de Economía y Hacienda por haber hecho "un esfuerzo muy importante para publicar las balanzas fiscales", que en su opinión no deben interferir en el debate sobre la financiación, y, en cambio, no ha destinado recursos para "hacer un estudio serio" y técnico sobre las variables que afectan al gasto de las autonomías en la prestación de servicios públicos básicos.