La Agencia Tributaria dice que las empresas investigadas tenían ingresos pero no gastos

Palma.-  Técnicos de la Agencia Tributaria han advertido hoy al tribunal de que tres de las cuatro empresas investigadas por el "caso Llucmajor" obtuvieron y justificaron ingresos procedentes del ayuntamiento de ese municipio, pero no acreditaron gastos por sus actividades de carácter festivo.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma ha acogido esta mañana la cuarta sesión de este juicio, que se retomará el próximo 2 de septiembre para tomar declaración a tres testigos solicitados por el Ministerio Fiscal y las defensas que se encuentran fuera de Mallorca.

El tribunal, presidido por el magistrado Juan Catany, juzga al actual alcalde de Llucmajor, del PP; el ex edil de Deportes Joaquín Rabasco, de la Asociación Social Independiente (ASI); y a la empresaria María del Amor Aldao, empleada también en este partido, por la comisión de los delitos de soborno, negociaciones prohibidas, defraudación a la Administración, uso de información privilegiada, tráfico de influencias, prevaricación y alzamiento de bienes.

Según el Ministerio Público, Aldao creó las cuatro sociedades pero Rabasco tomaba las decisiones, y contrataron con el Ayuntamiento entre los años 2000 y 2002 por un montante superior al millón de euros.

Para ello, Rabasco se aprovechó de su condición de concejal de Deportes y alcalde pedáneo de El Arenal de Llucmajor, mantiene la Fiscalía.

Los dos técnicos de la Agencia Tributaria que hoy han comparecido ante el tribunal han subrayado que tres empresas (Majo Sport S.L., Tenedi Ambiente S.L., y Rodema Swin S.L.) solo tuvieron relación comercial con un cliente, el Ayuntamiento de Llucmajor, para llevar a cabo fiestas en el municipio, si bien carecían de empleados y tampoco realizaron subcontrataciones.

A preguntas del abogado Eduardo Valdivia, los técnicos han confirmado que una cuarta empresa, Retsar Music S.L., obtuvo ingresos de varios contratos formalizados con el consistorio de Llucmajor y también con el Ayuntamiento de Palma en el año 2000 por valor de 4.400 euros.

Del estudio realizado por los técnicos se confirma que parte de las facturas analizadas no estaban detalladas, ni numeradas correctamente y, además, la especificación del tipo impositivo tributario es erróneo.

Otro aspecto que ha llamado la atención de los técnicos es la "abundancia" de contratación de algunos grupos musicales, como el dúo "Bruno y Lino" o "Los Bohemios".

En el caso de la sociedad Tenedi Ambiente S.L., la sociedad facturó hasta 265 recibos de comidas, si bien este gasto no corresponde a la finalidad de la empresa, han asegurado los técnicos.

Aunque inicialmente estaba previsto que el juicio quedara hoy visto para sentencia, se retomará en septiembre con la declaración de tres testigos: Eduardo Jaime Connolly; Mitsunori Sato, y Juan Cañellas, éste último interventor del Ayuntamiento de Llucmajor.

La Fiscalía pide penas de 2 años de cárcel e inhabilitación para cargo público de 10 años para el alcalde; 12 años de prisión para Rabasco, y 10 años para Aldao.

Al final de la vista celebrada esta mañana, el abogado del alcalde de Llucmajor, Rafael Perera, ha insistido a los periodistas en la inocencia del primer edil y ha señalado que solicitará su absolución "con todos los pronunciamientos favorables".

"Tras el estudio de todas las actuaciones, puedo decir que el señor Tomás es totalmente inocente y no ha tenido ninguna implicación en ninguna irregularidad en el Ayuntamiento. Por justicia, el alcalde merece una sentencia totalmente absolutoria y así lo solicitaré", ha manifestado Perera.