Persisten los interrogantes tras 16 años de la matanza de La Cantuta en Perú

Lima.-  Tras 16 años del secuestro y matanza de nueve estudiantes y un profesor de la universidad limeña La Cantuta, por la que está siendo juzgado el ex presidente Alberto Fujimori (1990-2000), persiste la interrogante: ¿por qué ellos?.

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(EFE)

Foto de archivo del 17 de septiembre de 2005, que muestra a algunos familiares de las víctimas de la universidad limeña La Cantuta en los exteriores de la Sala de Juzgados de la Base Naval del Callao donde se inició el juicio oral al jefe del grupo militar encubierto Colina Santiago Martín Rivas.

"Realmente no ha habido nunca una explicación de los miembros del grupo Colina, que fueron los que los escogieron, sobre por qué decidieron acabar con nuestros familiares", remarcó en una entrevista con Efe Gisela Ortíz, hermana de una de las víctimas y representante de los deudos.

Ortíz aludió a los testimonios del grupo militar encubierto Colina, el escuadrón de la muerte presuntamente creado por el ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos con la anuencia de Fujimori para luchar contra el terrorismo.

La madrugada del 18 de julio de 1992, este destacamento ingresó a la universidad, al este de Lima, para secuestrar y después ejecutar a los estudiantes Luis Ortíz, Juan Mariños, Heráclides Pablo, Robert Teodoro, Armando Amaro, Dora Oyague, Felipe Flores, Bertila Lozano y Marcelino Rosales, y al profesor Hugo Muñoz.

Los hombres dirigidos por el entonces mayor del Ejército Santiago Martin Rivas supuestamente buscaban a los responsables de la explosión de un coche bomba en la calle Tarata, en el distrito limeño de Miraflores.

Ese atentado, cometido el 16 de julio de 1992, causó una veintena de muertos y fue la primera gran acción violenta de Sendero Luminoso que golpeó en el corazón de las clases medias y altas de Lima.

Según defensores del régimen de Fujimori, la noche del ataque, dos presuntos senderistas ingresaron a la vivienda universitaria de La Cantuta para recibir atención médica.

"En realidad, todo parece indicar que los estudiantes no fueron seleccionados al azar y que de alguna manera pertenecían o estaban influenciados por el radicalismo que impregnaba la vida universitaria" de La Cantuta, señaló el informe final de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR), publicado en 2003.

"¿Militaban en Sendero Luminoso?. Tal vez como simpatizantes periféricos, aunque sí destacables al frente de las luchas de los grupos estudiantes, agrega el documento que indica que "investigaciones posteriores demostraron que los secuestrados habían sido objeto de seguimiento por personal de inteligencia".

El informe de la CVR puntualiza que la "trayectoria política y personal" del profesor Muñoz demostró sus vínculos con SL, responsable de más de la mitad de las 70.000 muertes durante el conflicto interno (1980-2000), "aunque ello no era una prueba concluyente de su responsabilidad en los atentados de Tarata".

Pero, una reciente publicación de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) defiende a Muñoz como "un conocido defensor de los estudiantes ante las arbitrariedades de los militares", que en ese entonces ocupaban La Cantuta.

Muñoz "tuvo una participación muy activa en la movilización del 16 de julio de 1992 y fue amenazado públicamente de muerte en la asamblea universitaria por uno de los militares de La Cantuta", relató Ortíz.

"No nos sorprendería que haya una relación entre esas amenazas y la lista que apareció después en manos de los integrantes de Colina", acotó la representante, que admitió que, por su activismo político, los estudiantes también "se habían ganado muchos odios y habían sido amenazados" supuestamente por los militares.

José Oyague, familiar de otra víctima, dijo a Efe que con el crimen de La Cantuta se buscó "atemorizar" a los simpatizantes y militantes senderistas de ésta y otras universidades del país.

En el contexto del juicio por violación a los derechos humanos a Fujimori, su ex asesor Montesinos justificó la comisión de delitos "por razones de Estado".

Pero, los defensores de los derechos humanos reclaman que si el Estado consideraba que las víctimas de La Cantuta eran terroristas debió detenerlos y procesarlos siguiendo los métodos legales.

"Dijeron que los de la Cantuta eran terroristas", acotó Ortíz al insistir que con el esclarecimiento del caso confía en que haya menos "gente que justifica que no importa que los hayan matado, (y que piense que) por algo será".