El repunte del alquiler veraniego eleva las consultas a la Corte de Arbitraje

Madrid.-  La actual situación de la economía nacional y su repercusión en las economías domésticas ha ayudado a que el turista español se decante este verano más por el alquiler que en años anteriores, una opción que "ha elevado notablemente" las consultas jurídicas sobre arrendamiento a la Corte de Arbitraje.

ampliar foto

(EFE)

Fachada de los apartamentos Playa Mar, en el municipio de Calviá (Mallorca).

Así lo explicaron fuentes de este organismo, creado en 1999, que recordaron que dispone de un servicio gratuito de asesoramiento jurídico a particulares que, desde las semanas previas al inicio de las vacaciones veraniegas, ha visto un incremento en las consultas realizadas por propietarios e inquilinos de viviendas rurales y costeras.

Este repunte ha elevado los casos enjuiciados por la Corte, que a partir del pasado junio se compromete a resolver en 30 días cualquier problema que surja en un contrato de arrendamiento firmado con Garantía de Alquiler, un documento ofrecido por el 50% por ciento de las inmobiliarias.

La Corte de Arbitraje, dentro de las condiciones de este servicio se establece que en caso de que se supere el plazo estipulado se le adelantará al demandante el importe que hubiera solicitado como indemnización.

El organismo destaca que muchos consumidores recurren a sus servicios al ser más rápidos que los de la Justicia ordinaria y no requerir abogados, ni procuradores, ni la personación de las partes.

Así, la vía arbitral ha contribuido a fomentar el alquiler, debido a que elimina la inseguridad jurídica de los propietarios e inquilinos -destaca el organismo-, una condición imprescindible para la bonanza del parque de viviendas en régimen de arrendamiento, según el Informe Anual de 2007 del Banco de España.

Otra de las repercusiones positivas de la actividad de la Corte consiste en que ha permitido descargar de trabajo a los juzgados.

Este efecto se puede comprobar tomando como referencia los datos de 2007 de litigios sobre arrendamientos urbanos, que ascendieron a 25.327, lo que supuso un descenso del 10,7% respecto al ejercicio anterior, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

La mayoría de los casos juzgados en la vía ordinaria se debieron al impago de rentas, con un 89,6% de los casos, y la denegación de la prórroga del contrato, con un 2,3%.