Berriel reunirá con urgencia al Cabildo y a los ayuntamientos por los hoteles ilegales

Arrecife de Lanzarote.-  El consejero de Medio Ambiente, Domingo Berriel, convocará de forma urgente al Cabildo de Lanzarote y a los Ayuntamientos de Yaiza y Teguise, así como a la patronal turística y sindicatos, para resolver el problema de los hoteles ilegales tras el anuncio de la UE de abrir un expediente.

ampliar foto

Las diligencias europeas pueden tener como consecuencia la reclamación de 30 millones de euros dados como subvención para estas instalaciones hoteleras ahora declaradas ilegales por los tribunales, lo que tendría consecuencias negativas para la isla y el archipiélago, aseguró Berriel tras el Consejo de Gobierno celebrado hoy en Lanzarote.

Según Berriel, el Gobierno "no valora positivamente ni la denuncia (realizada por un eurodiputado que ha solicitado que se investiguen las ayudas concedidas) ni el que se puedan dar las situaciones de devolución de ese tipo de subvenciones".

Aseguró que el Gobierno no quiere polemizar sobre el asunto "por un ejercicio de responsabilidad" pero entiende que "tal y como se está planteando por el PSOE", partido al que pertenece la presidenta del Cabildo de la isla, "daña la imagen de Lanzarote y de Canarias".

Agregó que el enfoque imprimido por los socialistas al problema de las licencias suspendidas a varios establecimientos hoteleros y extraoteleros de Lanzarote por los tribunales "crea alarma entre los trabajadores que se pudieran ver afectados por la continuidad de estos hoteles, incertidumbre económica y tiene una repercusión tremendamente negativa para el interés general".

En ese sentido, Berriel consideró que la noticia de que la UE ha pedido los expedientes es una de las consecuencias de la forma en que el PSOE ha enfocado el asunto, "ya que este tipo de cosas siempre traen otro tipo de problemas añadidos que no favorecen ni a la economía de las islas, ni a su imagen, en el exterior".

El consejero advirtió que "ese tipo de noticias no favorecen a la credibilidad de nuestro modelo, ni de nuestra gente" y recordó que el hecho de que se revisen los expedientes "no tiene por qué tener ninguna consecuencia definitiva, porque en principio se trata de que han pedido los expedientes y todavía no se sabe a que conclusión van a llegar".

Domingo Berriel dijo que, en cualquier caso, el Gobierno "tiene disposición en trabajar para buscar soluciones" con el fin de resolver el problema "intentando reconducir esta situación por una senda de legalidad, es decir tratando de que se legalicen todas aquellas infraestructuras o superestructuras que estando acorde con el planeamiento urbanístico puedan ser legalizadas".

El Gobierno intentarán que cuando los hoteles tengan una sentencia que anula las licencias de construcción "se trate de corregir los defectos que llevaron al tribunal a suspender o anular esas licencias para normalizar una situación que afecta al interés general, a la economía, a la imagen de Lanzarote y de Canarias en general".

Berriel aclaró que el Ejecutivo no quiere "interferir ni adoptar decisiones de forma unilateral en este problema", que entiende corresponde abordar y afrontar en primer término al Cabildo de Lanzarote, a los ayuntamientos afectados, a los sindicatos y a la asociación de empresarios hoteleros de la isla, Asolán.

El Gobierno quiere contribuir a resolver el problema "dentro siempre de los parámetros más escrupulosos y estrictos de la legalidad, pero sin demagogia y afrontándolo en su justa medida y sin ningún tipo de alarmismo, sobre todo hasta no tener un análisis riguroso y exhaustivo de cual puede ser la solución al problema".

Berriel recordó que el Gobierno había propuesto en el anteproyecto de ley de medidas urgentes un artículo en el que se establece "una posibilidad de legalizar aquellas dependencias hoteleras que por normativas surgida con posterioridad a su licencia, se vieran ahora imposibilitadas de poderse instalar en la senda de la legalidad".

Recordó que un requisito indispensable que establece la ley es que estas instalaciones sean totalmente acordes con el planeamiento turístico vigente y "por consecuencia el Gobierno en modo alguno ha querido ni llevará a cabo ninguna actuación fuera del marco que es la legalidad urbanística".

En ese sentido, recordó que el Ejecutivo tiene interés, "y lo ha mostrado", de facilitar los trámites de aquellas cuestiones de tipo burocrático y administrativo "que puedan estar dificultando la consecución de la legalidad en estos y otros establecimientos de toda Canarias".