El Gobierno hará en octubre una oferta de 300 millones para comprar suelo privado destinado a VPO

MADRID.-  La ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, anunció hoy que su Departamento realizará en octubre una primera oferta de suelo público, por un valor inicial de 300 millones de euros ampliables, para la compra y urbanización de terrenos propiedad de promotores e inmobiliarias que se destinarán a la construcción de vivienda protegida (VPO).

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EP (EUROPA PRESS)

La ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, anunció hoy que su Departamento realizará en octubre una primera oferta de suelo público, por un valor inicial de 300 millones de euros ampliables, para la compra y urbanización de terrenos propiedad de promotores e inmobiliarias que se destinarán a la construcción de vivienda protegida (VPO).

Según señaló durante su intervención en el 'Foro Cinco Días', esta línea de actuación tendrá una vigencia de cuatro años y se llevará a cabo a través de la entidad pública de suelo SEPES.

El plazo de presentación de las ofertas comenzará en el mes de octubre y tendrá una vigencia de tres meses. A partir de ese momento, SEPES dispondrá de seis meses para valorar cada una de las ofertas y realizar el preceptivo estudio de viabilidad económica, durante los que mantendrá el derecho a compra de los terrenos.

Estas ofertas serán evaluadas por una comisión en la que la entidad pública de suelo trabajará estrechamente con comunidades autónomas y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

Prueba del "papel protagonista" que, según la ministra de Vivienda, tendrán comunidades y ayuntamientos en este proceso, es que SEPES y administraciones autonómicas y locales consensuarán en el mes de septiembre los criterios de selección de las ofertas.

De momento, Corredor avanzó que en este proceso se dará prioridad a las ofertas de suelos susceptibles de transformación inmediata para la construcción de VPO o los situados en territorios con mayor demanda de suelo, según los criterios del Plan de Vivienda y de los registros de demandantes de vivienda protegida.

En cualquier caso, Corredor aseguró que la oferta pública se realizará en condiciones de "trasparencia" e "igualdad de condiciones".

OFERTA AMPLIABLE

Por otra parte, el precio de compra vendrá determinado por la oferta que realicen los vendedores de suelo en cada actuación en relación a los módulos de vivienda protegida.

Por ello, Corredor señaló que, según "lo que se ofrezca (qué tipo suelos y en qué momento de desarrollo) y la cantidad que se ofrezca", cabría la posibilidad de que la cuantía inicial de 300 millones de euros sea ampliada.

Por lo pronto, la inversión media anual de SEPES en la compra de suelos ronda los 100 millones de euros, aunque está previsto que se amplíe a 150 millones de euros el próximo año, a los que habría que sumar la cuantía destinada a la nueva línea de compra a inmobiliarias.

En este contexto, Corredor aseguró que SEPES está buscando la forma "más eficiente" de financiación en colaboración con el Ministerio de Economía y Hacienda, ya que al fin y al cabo se "trata de suelo público".

Si bien, quiso dejar claro que esta actuación medida no supone una medida para salir al rescate de promotores y empresas inmobiliarias, sino de una medida "estratégica" para cumplir el compromiso del Gobierno de construir 1,5 millones de viviendas protegidas en los próximos diez años.

SE SIGUE TRABAJANDO EN LA LEY DE SUELO

También en materia de suelo, Corredor señaló que el Gobierno se encuentra trabajando en la redacción del reglamento de desarrollo de la Ley de Suelo, aprobada en julio del pasado año, para, entre otras cosas, establecer los principios de regulación y gestión de los suelos.

Además, alabó los avances que introduce la Ley de Suelo en materia de transparencia. Así, con arreglo al mandato de la norma, el Ministerio de Vivienda ha elaborado el sistema de información urbana (SIU), cuyo prototipo ha sido puesto en común en las últimas semanas con las comunidades autónomas.

Según Corredor, este sistema integra la recogida y el tratamiento de datos estadíticos sobre urbanismo y suelo en la totalidad del territorio nacional, con la finalidad de promover la transparencia.

Para Corredor, el sistema aportará valiosa información sobre "el planeamiento en vigor, la disponibilidad de suelo y la evolución de su ocupación".