Montevideo.- Nueve ex jefes militares uruguayos comparecieron hoy ante un juzgado de lo penal para explicar una carta que firmaron hace dos años en la que asumían su responsabilidad por los hechos ocurridos durante la dictadura (1973-1985).
Ante el juez de lo penal Luis Charles acudieron los ex comandantes en jefe del Ejército uruguayo Carlos Berois, Guillermo de Nava, Juan Rebollo, Juan Curutchet, Raúl Mermot, Fernán Amado, Juan Geymonat, Carlos Darners y Santiago Pomoli.
Ante el juez de lo penal Luis Charles acudieron hoy y continuarán mañana los ex comandantes en jefe del Ejército uruguayo Carlos Berois, Guillermo de Nava, Juan Rebollo, Juan Curutchet, Raúl Mermot, Fernán Amado, Juan Geymonat, Carlos Darners y Santiago Pomoli, según la citación judicial.
Estos tenientes coroneles retirados, junto al ex dictador Gregorio Álvarez, actualmente en prisión, firmaron una carta dirigida a los poderes del Estado y a la opinión pública, que fue publicada el 18 de mayo del 2006 en coincidencia con el Día del Ejército.
"Más allá de controversias, por fuertes que fueran, continuaba primando en el país el criterio de que los problemas de los uruguayos se arreglan entre uruguayos", señalaba la misiva.
La nota subrayaba que "la primera consigna del Mando Militar establece que el jefe es el responsable de lo que hacen sus subalternos".
Y destacaba que quienes la suscribían "comparten y asumen plenamente las responsabilidades institucionales y sus eventuales consecuencias, por los actos de servicio cumplidos por integrantes del Ejército, como un compromiso solidario e intransferible".
Tras aceptar la declaración de estos ex militares y a instancias del Tribunal de Apelaciones, Charles citará a los integrantes del Estado Mayor del Ejército y de la Junta de Comandantes entre 1978 y 1979.
El ex dictador Álvarez ingresó el pasado mes de diciembre en prisión, acusado de "reiterados delitos de desaparición forzada" y traslados clandestinos de detenidos desde Argentina a Uruguay cuando era jefe del Ejército.
Este paso dio luz verde para el enjuiciamiento de Álvarez, quien fue comandante en jefe del Ejército uruguayo entre 1978 y 1979, y presidente "de facto" entre 1981 y 1985.
Álvarez ha negado su responsabilidad en la eliminación de opositores políticos por parte de los gobiernos militares que se establecieron en el Cono Sur en los años 70 y 80, en operaciones conocidas como el "Plan Cóndor".
En Uruguay está vigente, aunque con muchas críticas, la llamada Ley de Caducidad.
Esa norma, aprobada en 1986 por el Parlamento y refrendada en las urnas en 1989, puso fin antes de su inicio formal a los juicios contra militares y policías presuntamente involucrados en violaciones de los derechos humanos.
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