La sombra de la inflación opaca el segundo año de Gobierno de Alan García

Lima.-  El presidente de Perú, Alan García, cumple mañana su segundo año de Gobierno (2006-2011) ofuscado por las protestas sociales que demandan mayores beneficios del crecimiento económico del país, tras alcanzar el grado de inversión.

El jefe de Estado reclamó esta semana "más optimismo" a los peruanos y dejar de estar "lloroso en la casa, quejándose", a raíz de las críticas recibidas de la oposición por el alza inflacionaria que han disparado su impopularidad al 70 por ciento.

El Producto Interno Bruto (PIB) de Perú creció el año pasado 9 por ciento, al coronar el sexto año consecutivo de crecimiento económico, y este año dos prestigiosas agencias de calificación de riesgo, las estadounidenses Fitch y Standard & Poors, le otorgaron al país andino el anhelado grado de inversión.

Expertos del Fondo Monetario Internacional (FMI) opinaron este mes que Perú está en condiciones de pagar por completo su deuda externa, al extenderle su respaldo por el estricto cumplimiento de sus obligaciones en los últimos años.

En ese contexto, el jefe de Estado aseguró que la inflación, de 3,51 por ciento en el primer semestre de 2008, responde exclusivamente a factores internacionales que están fuera de su control.

Pero su antecesor Alejandro Toledo (2001-2006) le respondió que hay un argumento escondido en el alza de la inflación, además del mercado exterior, que podría estar beneficiando a "algunos grupos" con el crecimiento económico.

Toledo agregó que "los beneficios no están llegando a los pobres y hay un peligroso desborde inflacionario en el rubro de alimentos que los golpea".

En el mismo sentido, el líder del partido Nacionalista, Ollanta Humala, sentenció que "el fantasma de la inflación de nuevo vuelve a aparecer", en el Gobierno de García, en alusión a los índices de hiperinflación que marcaron su primera gestión en el Ejecutivo (1985-1990).

El ex rival de García en las elecciones del 2006 añadió que el neoliberalismo, aplicado en la economía de Perú desde 1990, solo favorece "a una minoría acaudalada, asociada y dependiente del capital extranjero".

En opinión de Humala, un ex comandante del Ejército, el alza inflacionaria responde tanto al componente internacional como al crecimiento de la demanda interna por las expectativas creadas en la población por el mandatario.

Sin embargo, García enfatizó que lo que necesitan los peruanos es "ver lo que tenemos y lo que estamos ganando, y dejar que el tiempo solucione también los problemas que vienen con todo el crecimiento económico".

Precisamente, el aparente interés en participar del auge económico es lo que ha movido a las últimas protestas sociales en Perú, aunque para el gobierno han sido azuzadas por sectores vinculados al nacionalismo de Humala y por organizaciones de izquierda.

Los principales gremios sindicales del país convocaron a un paro nacional, el pasado 9 de julio, que derivó en violentos desmanes en la selvática ciudad de Puerto Maldonado con la quema de la sede del gobierno regional y con bloqueos de carreteras en el norte del país que provocaron la muerte de una embarazada cuando era trasladada en una ambulancia.

Un mes antes, el sur del país también convulsionó al convocar a una huelga indefinida para pedir un reparto más equitativo del canon minero, y que terminó con el secuestro de 60 policías en Moquegua.

En mayo último, la misma región sureña, la más pobre del país y la más difícil para el Gobierno de García, realizó un paro de 48 horas en tres departamentos que acabó con un campesino muerto en los enfrentamientos entre manifestantes y pasajeros varados en los caminos.

A la par del turbulento conflicto interno, el Gobierno peruano mantuvo roces con el mandatario de Bolivia, Evo Morales, por lo que consideró una "intromisión inaceptable" en su política interna.

Morales aseguró que Estados Unidos está llevando sus bases militares a Perú e instó a los peruanos a evitarlo, lo que fue rechazado por Lima y respondido con el retiro temporal del embajador peruano en La Paz.

Las discrepancias entre ambas naciones se han agudizado a raíz de la negativa de Bolivia a respaldar la apertura comercial de Perú, tanto en las negociaciones por un acuerdo de asociación con la Unión Europea, desde el seno de la Comunidad Andina, como en el marco del tratado de libre comercio firmado por Lima con Estados Unidos.