Maroni justifica el estado de emergencia por la masiva llegada de inmigrantes a Italia

Roma.-  El ministro de Interior de Italia, Roberto Maroni, justificó hoy la declaración del "estado de emergencia" en todo el territorio para afrontar el flujo de inmigrantes, al asegurar que, si sigue la tendencia actual, a finales de año habrán llegado al país 30.000 irregulares.

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(EFE)

El ministro de Interior de Italia, Roberto Maroni.

Maroni hizo estas manifestaciones en la Cámara de Diputados, adonde acudió para informar de la decisión adoptada el 25 de julio por el Consejo de Ministros de decretar el estado de emergencia en todo el país para hacer frente al flujo de inmigrantes, una medida duramente criticada por la oposición, que la considera "inhumana" y "abominable".

El titular de Interior, quien calificó la medida del Gobierno de "excepcional", pero no nueva, manifestó que en el primer semestre de este año llegaron a Italia, sobre todo a las costas del sur, 10.611 inmigrantes irregulares, el doble que en el mismo periodo de 2007, cuando fueron 5.378.

A fecha de 20 de julio pasado, el número de inmigrantes clandestinos llegados a Italia era de 13.102.

"Si la tendencia se confirma, se puede prever que a finales de año hayan llegado unas 30.000 personas", subrayó Maroni, quien señaló que el objetivo del "estado de emergencia" es potenciar las medidas para contrarrestar y gestionar la inmigración ilegal.

A este respecto, recordó que el "estado de emergencia" es un procedimiento que se utilizó por primera vez en marzo de 2002 y que fue prorrogándose hasta febrero de 2007, cuando el entonces Gobierno de Romano Prodi lo limitó sólo a las regiones de Calabria, Sicilia y Puglia, en el sur del país, a cuyas costas arriban la mayoría de los irregulares.

Declarándolo, añadió Maroni, se pueden adoptar decisiones más rápidas a la hora de alojar en todo el territorio nacional a los llegados, así como mejorar los centros de acogidas existentes, que, especialmente los del sur, están al límite o por encima de sus capacidades.

Además de justificar el estado de emergencia, Maroni rechazó en la Cámara de Diputados, con "indignación", las manifestaciones del comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Thomas Hammarberg, referentes a que la Policía italiana puede haber realizado redadas contra asentamientos de gitanos nómadas en el país.

El ministro aseguró que se trata de una "falsedad clamorosa", ya que la Policía "no ha tenido nunca comportamientos de ese tipo", y pidió a Hammarberg que diga "cuándo se han producido".

Antes de la comparecencia, su departamento hizo público un comunicado en que indicó que todas "las preocupaciones expresadas sobre la falta de respeto de los derechos humanos son totalmente infundadas" y mostró su "desconcierto" ante la afirmación de Hammarberg de que las "fuerzas del orden podrían haber dirigido redadas violentas contra los asentamientos nómadas".

Hammarberg señaló hoy, en un comunicado, que Italia se arriesga a un agravamiento del clima de xenofobia, debido a su política de inmigración, después de los ataques contra gitanos ocurridos en los últimos meses.

En una jornada dedicada a la seguridad, Maroni firmó junto a su colega de Defensa, Ignazio La Russa, un plan que contempla que 3.000 militares vigilarán y patrullarán en nueve ciudades del país a partir del próximo lunes y durante seis meses.

Los soldados vigilarán objetivos sensibles, como embajadas o monumentos, y centros de identificación de inmigrantes irregulares.

Los 3.000 efectivos, pertenecientes a los tres ejércitos, patrullarán acompañados de miembros de las fuerzas de Policía y, una vez pasados los seis primeros meses, se evaluarán los resultados y se decidirá si se prorroga medio año más y se extiende la medida a otras ciudades.

En total, mil soldados patrullarán las calles de Roma, Milán, Nápoles, Bari, Catania, Padua, Palermo, Turín y Verona, otros tantos vigilaran el exterior de los centros de identificación de inmigrantes en dieciséis provincias y el resto protegerá sitios y objetivos sensibles en Roma, Milán y Nápoles.

Su labor será de seguridad pública, no de policía judicial, con lo que sólo podrán practicar detenciones en situación de flagrante delito, realizarán las patrullas a pie y portarán un arma corta.

La presencia del Ejército en las calles forma parte del paquete de medidas sobre seguridad aprobado el pasado mayo por el Gobierno conservador de Silvio Berlusconi.