Vitoria.- El Gobierno Vasco denuncia en sus alegaciones a los recursos contra la Ley de Consulta que "hurtar del ámbito autonómico" la potestad de convocar esta consulta "trastocaría el concepto de autonomía constitucionalmente consagrado".
El Ejecutivo de Vitoria ha registrado hoy en el Tribunal Constitucional sus alegaciones a los recursos presentados por el Gobierno y por el PP mediante dos escritos prácticamente idénticos.
En sus alegaciones, el Ejecutivo autonómico considera que los recursos "fuerzan la literalidad de la ley", defiende que la consulta encaja en la Constitución y niega que se trate de un referéndum.
Asimismo, aunque reconoce que el Estatuto de Gernika "no contiene una cláusula atributiva de competencias" para la convocatoria de consultas, precisa que esto "no impide que exista regulación autonómica al respecto".
En este sentido, considera que esta potestad es "encajable por vía interpretativa dentro del acerbo competencial previsto en el Estatuto de Autonomía", dado que éste "no establece límites a los cauces de participación ciudadana".
El Gobierno Vasco insiste en que la consulta que pretende organizar el 25 de octubre no se corresponde con los referendos consultivos previstos por la Constitución. Alega para ello que las dos preguntas de la consulta "ni se insertan en un procedimiento decisorio, ni contienen una decisión previa adoptada", por lo que concluye que no precisa de la autorización estatal.
Reitera que "se pretende recabar el estado de opinión" de la sociedad vasca "para orientar futuras actuaciones". Por ello, indica que prohibir la consulta supone "hurtar del ámbito autonómico el debate político", lo que conllevaría que "se trastocara el concepto de autonomía constitucionalmente consagrado".
En esta línea, el Gobierno Vasco advierte en sus alegaciones de que con los mismos argumentos que se defienden para no permitir la consulta "se podría querer sustraer dicho debate del seno de las instituciones autonómicas representativas, como el Parlamento Vasco".
También defiende el procedimiento de aprobación de la ley, mediante lectura única, y rechaza que ésta ponga en cuestión la capacidad de los órganos estatales para decidir sobre las reformas constitucionales, al negar que la normativa pretenda "un nuevo sujeto constituyente".
"No puede advertirse ningún tipo de invasión competencial porque el resultado de la consulta carece de efectos jurídicos sobre los órganos estatales, al carecer de naturaleza vinculante", precisa.
El Gobierno de Vitoria también pide al Tribunal Constitucional que levante la suspensión de la ley, ya que "la consecuencias negativas que pueda tener su aplicación son inexistentes", porque el resultado de la consulta "no operaría dentro de ningún procedimiento abierto para la toma de decisiones políticas".
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