El alcalde ordena dar de baja más de 40 teléfonos corporativos municipales

Estepona (Málaga).-  El alcalde de la localidad malagueña de Estepona, David Valadez (PSOE), ha ordenado dar de baja más de cuarenta teléfonos corporativos que eran utilizados, en la mayoría de las ocasiones, por empleados municipales.

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(EFE)

El ex alcalde de Estepona (Málaga), Antonio Barrientos, y otros tres detenidos en la operación "Astapa" contra la corrupción deberán seguir en prisión al desestimar la Audiencia Provincial de Málaga los recursos de apelación presentados por sus abogados, según han informado a Efe fuentes judiciales.

Además, ha indicado que se han establecido nuevos criterios en la utilización de la telefonía corporativa "con la única intención de aplicar a rajatabla una política de austeridad, creíble y basada en el sentido común".

Esta medida forma parte de un plan de contención del gasto público que, según el regidor, se basará en cuatro bloques iniciales, que son "la reducción de la telefonía móvil, de los alquileres para albergar dependencias municipales, de los cargos de confianza y de los contratos de alta dirección".

Sobre este último aspecto, ha asegurado que "no sólo se reducirá considerablemente su número", sino que también se revisarán "de manera concienzuda los pluses y complementos injustificados y desproporcionados" que perciben algunos trabajadores.

Valadez ha añadido, por otro lado, que "bajo ningún concepto se producirá una nueva contratación en las empresas municipales" y ha aclarado que "cuando se tenga que hacer alguna incorporación se basará obligatoriamente en los principios de mérito, igualdad y capacidad".

Así, ha avanzado que es su deseo que los habilitados nacionales de carrera estén representados en los consejos de administración de las sociedades municipales para dotar a estos órganos de una mayor transparencia.

"Queremos que nuestras actuaciones sean objeto de una fiscalización constante", ha insistido el alcalde de la localidad malagueña.

Valadez mantuvo el lunes una reunión con la Tesorería General de la Seguridad Social para abordar un plan de saneamiento municipal que permita al Ayuntamiento hacer frente a los 43 millones de euros que adeuda a este organismo.