Mérida.- El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular, Luis Alfonso Hernández, ha calificado hoy la "anulación" del concurso de la concesión de las licencias de televisión digital terrestre (TDT) como "una chapuza en plan cacicada que demuestra el abuso de poder de la Junta de Extremadura".
El Consejo de Gobierno de la Junta ha acordado hoy declarar desierto el concurso abierto para la adjudicación de las concesiones de programas para la explotación, en régimen de gestión indirecta, del servicio público de TDT en la comunidad autónoma.
En un comunicado, Hernández considera poco serios y coherentes los argumentos dados por la Junta para tomar esta decisión y dice que sospecha que la vinculación del ex presidente de la Asamblea y ex presidente regional del PSOE, Federico Suárez con una de las televisiones locales ha sido la causa de la anulación del concurso.
Añade que, al declarar desierto el concurso aduciendo que ninguna de las empresas cumplía los requisitos, la Junta repite los argumentos que utilizó en las sucesivas paralizaciones de energía eólica y se contradice con la "precipitación" con las que adjudicó las dos licencias de ámbito regional, "al parecer únicas empresas que si reunían determinados requisitos".
El diputado popular recuerda que Federico Suárez está casado con Leonor Flores, consejera miembro del Consejo de Gobierno, y presidió durante un tiempo una de las televisiones locales que ha presentado oferta al concurso.
También recuerda que la vicepresidenta segunda, Dolores Aguilar, le respondió a una pregunta en la Asamblea, que "las previsiones para resolver este concurso serían antes de las vacaciones de verano y las de la radio un poquito más tarde".
Para el PP, o el Gobierno "mintió entonces en la Asamblea de Extremadura o miente ahora, ya que, tras dos años y medio de concurso, en dos meses cambian de opinión y llega la anulación, al considerar 'desiertas' las adjudicaciones".
"Si no cumplían los requisitos, ¿por qué han esperado hasta el 1 de agosto para manifestarlo? ¿hace un mes sí cumplían los requisitos cuando iban a adjudicarlas?", pregunta Hernández.
Agrega que este concurso llevaba un retraso de dos años y medio desde que se convocó, lo que, según dice, está llevando a muchos pequeños empresarios del sector al cierre patronal o a la ruina.
La ley que regula el proceso de digitalización de la TDT local, Ley 53/2002 se desarrolla a través del Plan Técnico aprobado en 2004, que establecía que las comunidades autónomas disponían de ocho meses para resolver los concursos, explica.
Según subraya, la Junta incumplió la ley al abrir el concurso en febrero de 2006 y "en un ejercicio de irresponsabilidad del gobierno de Fernández Vara, ahora anula un concurso que retrasará aún más la puesta en marcha de un sector económico y productivo para Extremadura".
Para el portavoz del PP, este retraso supone un "mazazo" a las expectativas de negocio de muchos pequeños empresarios que subsisten con sus televisiones locales y genera una "enorme incertidumbre y falta de confianza" del sector audiovisual en la Junta.
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