Expectación y polémica ante la prevista ejecución de un mexicano en Texas

Washington.-  La prevista ejecución del mexicano José Medellín, programada para el martes en Texas, ha provocado una gran expectación y una oleada de críticas, ya que se producirá en contra de una orden de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que ha pedido que se revise el caso.

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(EFE)

Aunque es poco probable que ocurra, sólo el Tribunal Supremo de EEUU y el Gobernador de Texas, Rick Perry, podrían salvar de la inyección letal a Medellín, el primero de los cinco ciudadanos mexicanos que esperan en los corredores de la muerte en Texas.

Aunque es poco probable que ocurra, sólo el Tribunal Supremo de EEUU y el Gobernador de Texas, Rick Perry, podrían salvar de la inyección letal a Medellín, el primero de los cinco ciudadanos mexicanos que esperan en los corredores de la muerte en Texas.

La CIJ, el máximo tribunal de la ONU, ha hecho todo lo posible para intentar parar las ejecuciones de los mexicanos hasta que sus casos sean revisados por presuntas irregularidades en los procesos de detención.

Incluso la Administración Bush ha intentado mediar infructuosamente para que las cortes de Texas revisaran los casos.

Pero nada parece hacer cambiar la férrea decisión del gobernador de Texas, quien aseguró que ningún tribunal internacional le hará cambiar de idea.

Este caso está siendo seguido con expectación no sólo de la comunidad latina, sino también por los propios estadounidenses ya que el no cumplir una sentencia del CIJ sentará un precedente negativo tanto para el país como para sus ciudadanos.

El director del Programa de Estados Unidos de la organización "Human Rights Watch", David Fathi, advirtió de que "si Estados Unidos ignora sus obligaciones legales en este caso, le será difícil defender que otros países respeten los derechos de los ciudadanos estadounidenses".

A su juicio, "ejecutar a José Medellín, en violación de una orden de la Corte Internacional, sería un gran paso atrás para el estado de derecho".

Este es uno de los argumentos que ha utilizado su defensa cuyos abogados Donald Francis Donvan y Sandra Babcock han subrayado que ejecutarlo "traería consigo consecuencias irreparables" porque "se crearía una brecha irreparable entre Estados Unidos y sus compromisos internacionales".

La Corte Internacional ordenó en el 2004 que se suspendieran las ejecuciones de 51 mexicanos encarcelados en EEUU por considerar que hubo irregularidades en su proceso de detención.

El alto Tribunal consideró que Estados Unidos violó la Convención de Viena de 1963 al no proporcionar atención consular a los mexicanos cuando fueron detenidos como establece el derecho internacional.

En el 2005, el presidente de EEUU, George W. Bush, ordenó a las cortes estatales cumplir la sentencia del Tribunal de La Haya, en un intento por evitar perjudicar la imagen del país en el mundo.

Sin embargo, Texas, estado del que Bush fue gobernador, mantuvo su posición de no reconocer la decisión de la Corte Internacional y seguir adelante con el proceso alegando que Medellín perdió el derecho consular al no plantear el tema durante su juicio.

La Administración Bush libró una batalla legal con el Tribunal Supremo que finalmente falló en favor de Texas, por entender que el estado no estaba obligado a cumplir la sentencia del CIJ al no existir una legislación nacional que así lo estipule.

Ante un nuevo requerimiento del Gobierno mexicano, el Tribunal Internacional dictó una nueva orden para que se paralizaran de forma provisional las ejecuciones, pero Perry ha señalado en varias ocasiones que la CIJ no tiene autoridad sobre Texas y el estado no está obligado a acatar la norma de un tribunal extranjero.

En estos momentos, los abogados de Medellín, que han presentado un recurso ante el Tribunal Supremo estadounidense alegan que hay un proyecto de ley en el Congreso para que se cumpla la sentencia de la Corte Internacional.

Medellín está condenado a muerte desde 1994 por haber intervenido junto con otras personas, cuando tenía 18 años, en la violación y asesinato de Jennifer Ertman, de 14 años, y Elisabeth Peña, de 16, ocurridos el 24 de junio de 1993 en Houston.