Bolivia intenta salir de su crisis con un revocatorio rodeado de incertidumbre

La Paz.-  Bolivia intentará el domingo encontrar una salida a su crisis con un referendo sobre los mandatos del presidente Evo Morales y los gobernadores regionales, en un escenario de gran incertidumbre sobre la validez de esta consulta.

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El 10 de agosto, más de cuatro millones de bolivianos están llamados a las urnas para ratificar o revocar los mandatos de Morales, su vicepresidente, Álvaro García Linera, y ocho de los nueve prefectos (gobernadores) del país, seis de ellos opositores al presidente indígena.

En principio, el revocatorio se perfiló como una salida para resolver la compleja crisis planteada en Bolivia por la férrea oposición de los partidos conservadores al proyecto de refundación constitucional de Morales, también enfrentado por un proceso autonomista promovido unilateralmente por cuatro regiones.

Sin embargo, las dudas sobre la constitucionalidad de la consulta y la confusión sobre cómo interpretar sus resultados han configurado un panorama incierto que ha llevado a partidos opositores y a líderes autonomistas a pedir incluso su suspensión.

El inusitado referendo revocatorio de Bolivia llega en el ecuador de la legislatura y en medio de una crisis política que tiene su origen en el rechazo frontal al proyecto constitucional del mandatario indígena por parte de los sectores conservadores del país.

En 2008, al Gobierno de Morales le estalló, y con fuerza, otro frente opositor: el de las regiones autonomistas de la denominada "media luna", territorio que conforman Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija.

Estos departamentos, dirigidos por opositores y bajo el liderazgo de la próspera Santa Cruz, han avanzado hacia el autogobierno aprobando unos estatutos autonómicos que el Gobierno rechaza por "inconstitucionales" y por "promover la división del país".

A este escenario, se suma un grave problema institucional en organismos como el Tribunal Constitucional, que se encuentra inoperativo por la falta de acuerdo político para nombrar a sus magistrados.

En el ámbito legislativo, la situación también se complica con una Cámara de Diputados dominada por el oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) y un Senado controlado por la oposición de Poder Democrático y Social (Podemos), lo que prácticamente paraliza la tramitación de las leyes que impulsa el Gobierno.

La tensión se acentúa con las continuas protestas sociales y la precaria situación económica de Bolivia, considerado el país más pobre de Sudamérica y donde la inflación a mitad de año ha llegado ya al objetivo del 8 por ciento previsto para todo 2008.

Gobierno y opositores han hecho este año varios intentos de diálogo para encontrar una solución a la crisis, pero todos han acabado en fracaso a pesar de la mediación de terceros como la Organización de Estados Americanos (OEA), la Iglesia Católica y países "amigos" como Argentina, Brasil o Colombia.

Cuando en el mes de mayo el país vivía la efervescencia del proceso autonómico tras el referendo de Santa Cruz, un nuevo elemento vino a complicar más las cosas: la sorpresiva aprobación en el Senado de la ley para convocar un referendo revocatorio.

En una decisión que desconcertó a propios y extraños, Podemos decidió "descongelar" un proyecto de ley que había presentado el propio Morales en diciembre para zanjar la crisis sometiendo a consulta su propio mandato y el de los prefectos.

La ley se aprobó por unanimidad y sin modificar ni una línea del texto de Morales, lo que suscitó las protestas de los gobernadores opositores porque entienden que los porcentajes para ser revocados benefician al presidente y les perjudican a ellos.

Este ha sido precisamente uno de los puntos más conflictivos del revocatorio sobre todo después de que la Corte Electoral Nacional decidiera alterar esos porcentajes, en una resolución que ni el Gobierno ni la oposición partidista considera válida puesto que la modificación de una ley la tiene que aprobar el Congreso.

Pero además, la constitucionalidad del referendo revocatorio (una figura que no recoge la actual Carta Magna de forma expresa) ha sido cuestionada en dos recursos presentados por el partido Unidad Nacional y por el prefecto de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, quien se niega a someterse a la consulta.

Silvia Salame, la única magistrada que queda en el TC tras la renuncia consecutiva de sus otros cuatro miembros, emitió al respecto sendos decretos ordenando la suspensión del revocatorio hasta que se cubran las vacantes del Tribunal y se pueda pronunciar sobre su legalidad.