El mexicano Medellín confía en un retraso de su ejecución, tras el revés en la Junta de Perdón

Washington.-  El mexicano José Medellín, condenado a muerte por la violación y asesinato de dos menores en 1993, confía, según sus abogados, en que al menos se produzca un retraso en la ejecución prevista para mañana, una vez que la Junta de Perdones de Texas rechazó hoy recomendar clemencia para él.

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(EFE)

Activistas protestan en los puentes internacionales de Reynosa y Nuevo Laredo, frontera con EE.UU., contra la ejecución programada para este martes del mexicano José Medellín.

Los seis miembros de la Junta de Perdones, designados por el gobernador Rick Perry, se manifestaron de forma unánime en contra de aconsejar el perdón, según indicó a Efe la directora de Asuntos Legales de ese organismo, María Ramírez.

De esta manera, Medellín será ejecutado el martes a las 23.00 horas GMT en el penal de Huntsville con una inyección letal, a no ser que el Tribunal Supremo acepte el aplazamiento que han solicitado sus abogados o de que el gobernador Perry decida una suspensión de no más de 30 días.

"Esto deja todo el caso en manos del Supremo", comentó a Efe la portavoz del equipo de abogados que representa a Medellín, Katherine Hoffman, consciente de que es poco probable que el gobernador aplace la ejecución, ya que ha dicho en diversas ocasiones que iba a respetar la recomendación de la Junta de Perdones.

La Junta de Perdones sólo ha pedido conmutar una sentencia de muerte en una ocasión desde diciembre de 2000, pero Perry la rechazó y el reo fue ejecutado.

La decisión que adopta este organismo es una recomendación para el gobernador, de manera que no es vinculante.

Aun cuando la resolución ha sido no recomendar clemencia, el Gobernador tiene la capacidad legal de aplazar la ejecución por un máximo de 30 días, según explicó a Efe la portavoz de Rick Perry, Alison Castle.

La portavoz dijo que, en cualquier caso, el gobernador decidirá sobre el caso mañana, no hoy.

A las habituales protestas de los grupos contrarios a la pena de muerte cuando se avecina una ejecución se ha sumado en este caso una petición de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), máximo órgano judicial de la ONU.

La CIJ solicitó al Gobierno de EE.UU. que revise los casos de Medellín y otros cuatro mexicanos condenados a muerte en Texas que no recibieron asistencia consular cuando fueron detenidos, como establece la Convención de Viena.

Texas se niega a acatar esta decisión con el argumento de que el estado no es gobernado por cortes internacionales, lo que ha motivado otra nueva petición ante la inminente ejecución de Medellín.

A tan sólo un día de ser ejecutado, Medellín ha iniciado ya el periodo de despedidas y según el protocolo del estado podrá reunirse hoy durante ocho horas con sus familiares y otras cuatro más el martes.

La ejecución está programada para las 18.00 horas (23.00 GMT) y estarán presentes los abogados de Medellín, una amiga del condenado cuya identidad no ha sido revelada y cinco periodistas.

Sin embargo, la defensa no lo da todo por perdido porque, según dijo a Efe la portavoz de la defensa del mexicano, Katherine Hoffman, "la suspensión puede llegar dos minutos antes".

No obstante, Texas cuenta con una fama de poca clemencia ganada a pulso. De los 1.115 ejecuciones llevadas a cabo en EE.UU. desde que el Tribunal Supremo restableció la pena de muerte en 1976, 409 fueron en Texas.

Además, 152 reos recibieron el castigo durante el tiempo en que el actual presidente de EE.UU., George W. Bush, fue gobernador de ese estado fronterizo con México.

En cada ocasión en que Bush firmó la muerte de un condenado aseguró que había recibido un juicio justo, pese a la existencia de denuncias de parcialidad y de falta de abogados competentes.

Su sucesor en Texas ha seguido el mismo camino y, aunque las ejecuciones han disminuido en el estado, se ha mostrado inconmovible ante los ruegos de clemencia en favor de 168 condenados.

En 2005, el presidente Bush pidió que se celebrara una nueva audiencia pero el Tribunal Supremo la rechazó por entender que ni siquiera el presidente "puede establecer decisiones vinculantes que sean contrarias a las leyes estatales ya existentes".

Según la Casa Blanca, rechazar la orden de la CIJ puede dañar la imagen de Estados Unidos en el mundo.