Caracas.- El juicio contra tres jefes policiales venezolanos presos y acusados por la muerte de ocho de las 19 víctimas del golpe de Estado de 2002 ha sido sometido a una revisión que entraña "una dilación indebida", denunció hoy su abogado, José Tamayo.
El ex jefe policial venezolano Henry Vivas (c), fuertemente custodiado por fuerzas policiales, EN 2004. "Es una dilación verdaderamente indebida, que no tiene ningún precedente", dijo el defensor de los comisarios Henry Vivas, Lázaro Forero e Iván Simonovis EFE/Alex Delgado/El Nacional
"Es vulgar y obsceno (...); es una dilación verdaderamente indebida, que no tiene ningún precedente", dijo a los periodistas el defensor de los comisarios Henry Vivas, Lázaro Forero e Iván Simonovis y de ocho agentes, detenidos tras el golpe que logró derrocar durante dos días al presidente Hugo Chávez.
Dos años y medio después del inicio formal del juicio penal, el proceso sigue moviéndose "al vaivén de la situación política" y ahora, de cara a los comicios regionales de noviembre próximo, y "por orden de alguien, no sabemos quién, simplemente no conviene que se produzca una sentencia en este período", sostuvo Tamayo.
"Estamos a merced de los abusos del poder y desgraciadamente en manos de un tribunal que en definitiva complace cualquier petición del Ministerio Público, como lo ha venido haciendo desde el 20 de marzo del año 2006", fecha del inicio del juicio penal, añadió.
El Ministerio Público pidió y logró del tribunal que ventila el asunto la revisión "de más de 1.200 horas de grabaciones", lo que implica casi dos meses de labor "siempre que se trabaje las 24 horas del día", según Tamayo.
Ello viola el derecho "de cualquier persona a ser juzgada en un plazo razonable", denunció el abogado.
Al recordarse el pasado 11 de abril pasado el sexto aniversario del golpe de Estado, el abogado Gonzalo Himiob, de la ONG Vive, indicó que sigue sin determinarse la responsabilidad penal de esas 19 muertes.
Himiob citó ese día "informes consignados por el Estado venezolano ante organismos internacionales", según los cuales se han abierto "79 investigaciones", de las que "76 están aún en fase preliminar", lo que, a su juicio, revela que existe "un margen de impunidad del 96,2 por ciento en esas causas".
La presidenta de la Asamblea Nacional (AN, unicameral), Cilia Flores, permitió ese día que hablaran en una sesión parlamentaria algunos de los civiles que dispararon contra "policías golpistas" y en defensa del Gobierno de Chávez.
Rafael Cabricie, uno de esos "chavistas" armados que falleció tiroteado ese día, fue recordado entonces por Henry Acencio, Richard Peñalver y Nicolás Rivera, absueltos por la justicia en uno de los pocos juicios concluidos sobre esas muertes.
Opositores y oficialistas cayeron muertos o heridos por igual ese día, tiroteados asimismo "por francotiradores que estaban apostados en edificios" próximos al palacio de Gobierno, recordó la presidenta de la AN.
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