Caracas.- La diputada uruguaya del Mercosur, Adriana Peña, adelantó hoy que "no va a ser positivo" el informe que elaborará para ese organismo sobre las inhabilitaciones a políticos venezolanos presuntamente corruptos porque "lo que hemos podido apreciar es muy negativo".
La presidenta de la comisión de Derechos Humanos del Mercosur, la parlamentaria uruguaya Adriana Peña (i), y su homóloga de Paraguay, Mirla Palacios (d), ofrecen una rueda de prensa en un céntrico hotel de Caracas tras reunirse con miembros de la oposición venezolana. EFE/David Fernández.
Peña señaló en rueda de prensa que estaba en Venezuela a título personal y rechazó la advertencia del canciller Nicolás Maduro de que no debía inmiscuirse en asuntos internos de Venezuela como son el funcionamiento de los poderes del Estado y la naturaleza de sus leyes.
La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Mercosur argumentó que el informe será negativo porque solo se han entrevistado con quienes sostienen la tesis de que las inhabilitaciones son un atentado contra los derechos humanos.
La diputada uruguaya aseguró que, pese a no estar en misión oficial del Mercosur, trató de conocer la posición del Tribunal Supremo, de la Contraloría y del Gobierno venezolano, pero no lo logró.
"Si no han querido dar su versión, es que algo hay que esconder, el que calla, otorga", opinó Peña, que llegó acompañada por la diputada paraguaya Mirtha Palacios.
La visitante uruguaya acusó al Gobierno de "no querer brindar su información" y al ministro de Relaciones Exteriores (Nicolás Maduro) de haber "hablado demasiado" sobre su visita a Venezuela.
Peña y Palacios, que llegaron ayer, se reunieron con diversos representantes de partidos políticos, juristas constitucionalistas y estudiantes universitarios, todos de oposición, entre ellos Leopoldo López, uno de los inhabilitados y promotor de la tesis de que la Contraloría y el Tribunal Supremo han violado sus derechos humanos.
Peña dio por sentado que ambas instituciones del Estado venezolano atropellaron principios democráticos y afirmó que si Caracas no quiere "complicar" su ingreso al Mercosur debe cumplir "la reglamentación establecida para evitar que se cometan excesos contra los ciudadanos".
Las inhabilitaciones fueron decididas por la Contraloría con base en una ley anticorrupción aprobada por la Asamblea Nacional en 2001 con los votos de "todos" los partidos de oposición representados en ella, y siendo diputados algunos de los políticos que ahora piden que no se aplique.
El Tribunal Supremo, ante el que los inhabilitados interpusieron recursos de nulidad, estableció el 5 de agosto que esa ley no transgrede la Constitución y, en consecuencia, la actuación de la Contraloría se ajusta a derecho.
El principal rechazo a esa sentencia partió de Leopoldo López, alcalde de Chacao, el municipio más rico de Venezuela, y aspirante a la Alcaldía Mayor de Caracas en las elecciones regionales y municipales del 23 de noviembre.
López dijo que, pese a la inhabilitación, irá la próxima semana a inscribir su candidatura al Consejo Nacional Electoral (CNE) para que su solicitud sea rechazada y pueda acusar al organismo de ser "cómplice" de la decisión del Supremo.
El CNE había adelantado que acataría lo que dijese el Supremo sea cual fuese su dictamen sobre la procedencia o no de las inhabilitaciones.
López hizo también un llamado a todas las fuerzas de la oposición para que el próximo sábado salgan a la calle y participen en una protesta que terminará frente al Supremo, siempre que obtenga los permisos de rigor.
El dirigente opositor ratificó que tratará de "internacionalizar" su caso y llevarlo a cualquier instancia en el exterior que pueda tener algún grado de competencia en el mismo.
El alcalde de Chacao ha recibido muestras de solidaridad de varios partidos opositores, pero no de todos, porque su inhabilitación despeja el camino a la candidatura de otros representantes antichavistas.
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