Los "esqueletos" de la dictadura enfrentan al Gobierno Brasil y a militares retirados

Río de Janeiro.-  Ministros del Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva reafirmaron hoy que Brasil debe aclarar las "atrocidades" de la dictadura militar, mientras oficiales retirados pidieron investigar la corrupción estatal, el pasado "terrorista" de algunos funcionarios y sus supuestos vínculos con la guerrilla de las FARC.

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(EFE)

Imagen de la exposición "Derecho a la Memoria y a la Verdad, La Dictadura en Brasil 1964-1985". Unos 700 oficiales protestaron contra la posibilidad de que sea revisada una Ley de Amnistía que absolvió a los criminales de la dictadura.

En Río de Janeiro unos 700 oficiales, la mayoría retirados de la Marina, el Ejército y la Fuerza Aérea, se reunieron en la sede del Club Militar para protestar contra la posibilidad de que sea revisada una Ley de Amnistía que absolvió a los criminales de la dictadura.

"Causó espanto la iniciativa extemporánea y fuera de propósito de ministros del actual Gobierno de volver a discutir una ley cuyos efectos positivos se hacían sentir hace bastante tiempo", dijeron los militares en un comunicado divulgado en el encuentro.

La iniciativa de los ministros fue "una falta de servicio prestado a Brasil y al propio Gobierno al que pertenecen", agrega el texto.

En el podio del encuentro estaba al menos un general activo, el jefe del Comando Militar del Este, Luiz Cesário da Silveira Filho.

También estaba el coronel retirado Carlos Alberto Brilhante Ustra, a quien el Ministerio Público Federal le sigue un proceso judicial al ser señalado por organizaciones de defensa de los derechos humanos como uno los torturadores de opositores.

El general activo Segio Augusto de Avelar Coutinho dijo que el ministro de la Secretaría Especial de los derechos Humanos del Gobierno federal, Paulo Vanucchi, pertenecía a una organización opositora "extremadamente terrorista" durante la dictadura.

Los militares relataron atentados supuestamente cometidos por "organizaciones terroristas de izquierda" y que "mataron a más de 100 inocentes".

Sin embargo, muchos de los supuestos autores "están ocupando cargos importantes en el Gobierno", afirmaron.

En el comunicado afirman que dos ministros de Lula deberían haber optado "por algo más actual y que incomoda con más intensidad: los innumerables escándalos protagonizados por la cúpula gubernamental y más recientemente por la gravísima sospecha de relación de algunos de ellos con las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia)".

Por su parte, el ministro de Justicia, Tarso Genro, uno de los blancos de los militares, dijo durante una rueda de prensa en Sao Paulo que Brasil vive un estado democrático y "nada le impide a los militares que hagan sus críticas".

"No quiero la revisión de la Ley. Lo que discutimos es que los tratados internacionales no consideran la tortura como crimen político", recalcó.

Genro reafirmó que la tortura es un crimen común que no debe ser amparado por la Ley de Amnistía.

Durante el acto de los militares en el centro de Río estudiantes universitarios y representantes de grupos defensores de derechos humanos manifestaron pacíficamente frente al Club Militar, pidiendo castigo a los crímenes de la dictadura y apoyando la posición del ministerio de Justicia.

Vanucchi insistió en que Brasil debe restablecer la verdad y aclaró que el Gobierno no pretende abolir la Amnistía que liberó de responsabilidad a los militares por torturas y desapariciones de disidentes.

Si no se esclarecen esos hechos "Brasil seguirá adelante con la democracia incompleta", dijo el ministro al calificar el golpe militar del 31 de marzo de 1964 como "una equivocación de las Fuerzas Armadas".