La Junta Militar ejerce su autoridad en Mauritania sin legitimidad constitucional

Nuakchot.-  La Junta Militar que se ha hecho con el poder en Mauritania desde el golpe de Estado del pasado miércoles ejerce su autoridad sin legitimidad constitucional a pesar de su decisión de conservar la actual Carta Magna y el Parlamento.

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(EFE)

El depuesto presidente de Mauritania, Sidi Mohamed Ould Cheikh Abdallahi.

Así lo ha afirmado a EFE el abogado mauritano Lô Gurmo, para quien el "Consejo de Estado" presidido por el general Mohamed Uld Abdelaziz "es una instancia que va a gobernar exactamente en los mismos términos que los comités militares que se han sucedido en el país bajo el principio de autolegitimidad".

El también profesor de la Universidad francesa de Le Havre indicó que "la nueva autoridad alzada tras la deposición del presidente Sidi Mohamed Uld Cheij Abdalahi ejerce según su propia voluntad" y que la población no es la fuente de su poder, lo que deslegitima las bases sobre las que se asienta.

Para el abogado, la asonada que se produjo después de que Abdalahi anunciara la destitución del jefe del Estado Mayor del Ejército, del de la Guardia Presidencial, del de la Gendarmería Nacional y de la Guardia Nacional viola los principios de la Constitución y la suspende "ipso facto".

Gurmo consideró que las instituciones existentes en la actualidad han sido vaciadas de su contenido constitucional y que los diputados y senadores han dejado de beneficiarse de la "inmunidad" que les proporcionaban ambas cámaras.

A su juicio, todos aquellos que traten con el Consejo de Estado y cuya cooperación con los militares haya sido probada serán vistos como "cómplices de los golpistas" y en el caso de que el país vuelva a la legalidad constitucional habrán perdido su estatus parlamentario.

La Junta Militar mauritana ha anunciado hasta el momento que asumirá colegiadamente las prerrogativas del presidente de la República y que nombrará un nuevo Gobierno bajo la autoridad de Abdelaziz, además de asegurar que el Parlamento y el resto de instituciones "seguirán ejerciendo sus funciones".

En un comunicado, la Junta subrayó que este "Ejecutivo será designado y encargado de ejercer bajo la supervisión del presidente del Consejo las atribuciones previstas por la Constitución".

No obstante, dejó la puerta abierta a un cambio de la Carta Magna al añadir que "ese nuevo dispositivo provisional será legitimado por un decreto constitucional que administrará los poderes provisionales del Consejo de Estado, modificando cuando sea necesario la Constitución".

En Mauritania no han faltado opiniones encontradas al respecto y entidades como el Comité de Solidaridad con las Víctimas de las Violaciones de los Derechos Humanos en Mauritania (CSVVDH) han hecho llamamientos a la comunidad internacional para no aceptar el hecho consumado y solicitar el retorno del orden constitucional.

Asimismo, los partidos de la oposición parlamentaria, que no han condenado la asonada, han instado al Consejo a que presente "garantías serias para la celebración de elecciones libres y transparentes" y para que entable acuerdos para definir la duración de la transición.

Con más rotundidad se expresaron hoy nueve centrales sindicales mauritanas, quienes calificaron el golpe de "confiscación de la autoridad del pueblo" y consideraron los hechos como "una violación obvia de la Constitución y un gran retroceso de la democracia en Mauritania".

No han calado en todos los sectores las promesas de la cúpula militar de lograr en el país "una democracia real" y mantener y respetar tanto el orden público como "la libertad de prensa y en general las otras libertades públicas e individuales".

La primera prueba de fuego, una manifestación en contra de los golpistas celebrada ayer en Nuakchot, fue dispersada por la Policía con gases lacrimógenos, algo que para el secretario general de los editores de prensa mauritanos, Mulay Nayem Uld Mulay Zein, es una "primera contradicción" con las declaraciones del Consejo.

Para el vicepresidente de la Alianza Popular Progresista (APP), El Jalil Uld Teyib, la vuelta a la legitimidad constitucional no es sino "el regreso al poder de Abdalahi y el inicio de un diálogo nacional para evitar la entrada del país en una crisis y en sus nefastas consecuencias".

Mauritania sigue de momento en el punto de mira de la comunidad internacional, que no sólo ha expresado su reprobación a lo sucedido, sino que ha pasado ya a medidas concretas, como la decisión estadounidense de suspender temporalmente más de 22 millones de dólares en ayuda no humanitaria.