Panamá.- Un total de 172 de los 270 trabajadores despedidos por el Gobierno de Panamá en 1990, ilegalmente según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, firmaron un finiquito con el Estado para poner fin a esta disputa.
El Gobierno solicitaría el crédito extraordinario respectivo para hacer el primer pago, que sería de 6,9 millones de dólares en 2008 y en 2009, 2010 y 2011 el gobierno que suceda a la actual administración desembolsaría 5 millones por año.
El Ministerio panameño de Trabajo informó hoy de que la convocatoria que hicieron el viernes pasado a los afectados por este despido masivo fue atendida en total por 201 trabajadores o sus herederos, para indemnizar 21,9 millones de dólares en cuatro años.
Auditores, asesores legales y personal administrativo de ese ministerio atendieron a las "víctimas" de la ley 5 de 1990, mediante la cual fueron destituidos por supuesta sedición, a las que "individualmente le fueron presentadas sus finiquitos para la firma y recibieron informaciones sobre la cuantía correspondiente a cada uno".
Los que firmaron el finiquito representan el 63 por ciento de los 270 trabajadores despedidos, de los que 69 no se presentaron.
Esta jornada estuvo encabezada por el ministro panameño de Trabajo, Edwin Salamín, quien aseguró que todos los finiquitos firmados serán enviados a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se reunirá esta semana en Asunción para que el acuerdo se homologue a través de sus magistrados.
Según la fuente, con esto se pondría fin a todo un proceso legal de casi 20 años y el Gobierno solicitaría el crédito extraordinario respectivo para hacer el primer pago, que sería de 6,9 millones de dólares en 2008 y en 2009, 2010 y 2011 el gobierno que suceda a la actual administración desembolsaría 5 millones por año, lo que haría la totalidad de 21,9 millones.
Los ex funcionarios fueron despedidos en 1990 por el entonces presidente Guillermo Endara, tras una protesta sindical contra las privatizaciones de empresas estatales.
La protesta coincidió con un alzamiento policial encabezado por el ex coronel Eduardo Herrera, por lo que se les acusó de sedición y de atentar contra la seguridad interna del Estado y el orden constitucional y democrático del país.
Los ex trabajadores exigen el cumplimiento de una sentencia dictada en el 2001 por la Corte Interamericana a su favor, tras una demanda que presentaron contra el Estado panameño en 1994.
La sentencia determinó que el Estado panameño violó los principios de legalidad, las garantías judiciales, la protección judicial, libertad de asociación y demás obligaciones consagradas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos en perjuicio de los trabajadores.
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