Brasilia.- El presidente del Supremo Tribunal de Brasil, Gilmar Mendes, se manifestó hoy contrario a investigar y juzgar los casos de tortura ocurridos durante la última dictadura militar (1964-1985), como han sugerido autoridades del Gobierno.
En opinión de Mendes (i), una reapertura de procesos y una revisión de una ley de amnistía dictada en 1979 que benefició a militares y militantes políticos perseguidos por la dictadura sólo produciría "inestabilidad institucional" en el país.
En opinión de Mendes, una reapertura de procesos y una revisión de una ley de amnistía dictada en 1979 que benefició a militares y militantes políticos perseguidos por la dictadura sólo produciría "inestabilidad institucional" en el país.
Sin citar a ninguno de ellos, Mendes incluso dijo a periodistas que eso ocurrió en algunos "países hermanos", en los que esas revisiones generaron "bastante inestabilidad a lo largo del tiempo".
La posición del presidente del Supremo Tribunal contrasta con lo expresado por el ministro de Justicia, Tarso Genro, quien hace diez días pidió castigo para todos los torturadores de la dictadura beneficiados con la amnistía de 1979.
"En la época de la dictadura militar no existía ninguna ley que permitiera la tortura, que no es un delito político, sino un crimen común", declaró Genro en un seminario sobre derechos humanos.
El ministro fue respaldado por el secretario nacional de Derechos Humanos, Paulo Vanucchi, quien consideró que se debe establecer "un sólido sistema de garantías que impida cualquier tipo de tentación de retomar un pasado que Brasil entero repele".
Las declaraciones de Genro y Vanucchi causaron malestar entre grupos de militares retirados, que la semana pasada organizaron un acto en Río de Janeiro en defensa de la ley de amnistía.
"Causó espanto la iniciativa extemporánea y fuera de propósito de ministros del actual Gobierno de volver a discutir una ley cuyos efectos positivos se hacían sentir hace bastante tiempo", expresaron los militares en un comunicado.
Genro, tras conocer ese documento, comentó que Brasil vive en un régimen democrático, con plena vigencia del Estado de Derecho, y apuntó que por eso mismo "los militares pueden hacer sus críticas".
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