El fiscal general de EE.UU. dice que no abrirá un proceso por el despido de fiscales

Washington.-  El fiscal general de Estados Unidos, Michael Mukasey, dijo hoy que el Departamento de Justicia no abrirá un proceso judicial contra los ex funcionarios involucrados en la politización de su agencia.

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(EFE)

Aunque criticó con dureza las acciones de funcionarios de alto rango durante el mandato de su antecesor, Alberto Gonzales, Mukasey enfatizó, no obstante, que "no todo error o toda infracción de la ley es un delito".

Durante un discurso ante la Asociación de Abogados de EE.UU. (ABA, por su sigla en inglés) en Nueva York, divulgado por el Departamento de Justicia, Mukasey reconoció que el escándalo ha dañado la imagen de la agencia, después de que sendos informes del Inspector General revelaron que hubo una "indebida" politización en la contratación de abogados, jueces, fiscales y demás empleados.

Aunque criticó con dureza las acciones de funcionarios de alto rango durante el mandato de su antecesor, Alberto Gonzales, Mukasey enfatizó, no obstante, que "no todo error o toda infracción de la ley es un delito".

"En este caso, los informes conjuntos destaparon únicamente infracciones de las leyes de servicio civil", señaló el secretario de Justicia.

Mukasey se refirió a una investigación interna que determinó que durante cerca de dos años asesores de alto rango de Gonzales contrataban únicamente a solicitantes con afinidades al Partido Republicano o leales al Gobierno del presidente George W. Bush, en clara violación de las leyes de servicio civil.

Monica Goodling, una asesora de Gonzales que sirvió de enlace a la Casa Blanca, indagaba sobre las posturas políticas de quienes solicitaban empleo en el Departamento de Justicia antes de determinar si merecían o no un puesto en la agencia.

"No hay cómo negarlo: el sistema fracasó... la buena noticia es que mucho ha cambiado desde entonces", subrayó Mukasey, al indicar que el Departamento de Justicia ha emprendido reformas y tomado medidas para impedir una repetición de estas anomalías.

"He dejado muy claro, en reuniones privadas con empleados del Departamento y en apariciones públicas, que no es permisible ni aceptable tomar en cuenta afinidades políticas" para la contratación de empleados, continuó Mukasey.

El fiscal general señaló que las personas implicadas en la politización del Departamento de Justicia ya han quedado "expuestas" a una "mala publicidad sustancial" y que "nadie querría estar en su lugar".

En cuanto a las personas contratadas bajo ese sistema de exclusión, Mukasey dijo que sería indebido despedirlas o asignarlas a otras tareas porque estaban altamente calificadas y "no hicieron nada malo".