Manila.- Una coalición de grupos indígenas de Filipinas celebró hoy una manifestación en la capital para protestar por las "agresivas y militaristas" políticas económicas del Gobierno, al que acusaron de arrinconarles en su propia tierra.
Un grupo de indígenas filipinos protestan contra las operaciones militares en los territorios de los nativos ocupado, cerca del palacio presidencial de Manila (Filipinas).
Delegados de las tribus de la isla de Luzón, donde está Manila, se concentraron en el puente de Mendiola, lugar donde habitualmente se expresan los izquierdistas, para denunciar que las autoridades les están quitando sus terrenos para venderlos a las compañías mineras.
Unos 3.000 manifestantes acudieron al acto, en el que se aseguró que las autoridades amenazan e intimidan a los indígenas para obligarles a dejar sus tierras sin lucrarse de su posterior venta a compañías como el gigante suizo Xstrata.
En particular, se quejaron del reciente acuerdo entre una empresa local dirigida por un ex jefe de gabinete de la presidenta, Gloria Macapagal Arroyo, y un conglomerado chino para explorar yacimientos en la provincia de Zambales, 200 kilómetros al norte de la capital.
De llevarse a cabo, el proyecto desplazará de la zona a decenas de comunidades de la tribu de los aeta, que puebla el lugar desde antes de la llegada de los colonizadores españoles.
Los grupos indígenas pidieron al Ejecutivo que ponga fin a su última estrategia para promover la industria minera, que ha dado prioridad a 63 emplazamientos en todo el archipiélago, abarcando un total de más de 108.000 hectáreas.
Esta iniciativa refleja la situación de estas minorías en todo el país, once años después de la aprobación de la Ley de Defensa de los Pueblos Indígenas, habitualmente esgrimida por Arroyo para defender el éxito de su gestión.
Desde entonces, se han entregado títulos de propiedad sobre apenas el 19 por ciento de las cerca de seis millones de hectáreas de terrenos considerados dominios ancestrales.
Además, el Gobierno se ha quedado muy atrás en sus objetivos iniciales de proteger los derechos de las minorías y promover la justicia y la igualdad de acceso a los servicios sociales de sus miembros.
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