Andorra la Vella (Andorra).- El Plan Nacional de la Juventud de Andorra (PNJA) propone que el Gobierno andorrano fije el precio de al menos el 25% de las viviendas construidas cada año en el país para solucionar los problemas para acceder a una de ellas al que se enfrentan un buen número de ciudadanos residentes.
El Plan Nacional de la Juventud de Andorra (PNJA) propone que el Gobierno andorrano fije el precio de al menos el 25% de las viviendas construidas cada año en el país.
El PNJA es un documento, cuya redacción comenzó al iniciarse la presente legislatura, que fue aprobado recientemente por el Gobierno andorrano tras contar con la participación de más de cien personas y diversas entidades de Andorra.
El documento, al que ha tenido acceso Efe, contiene informes personales sobre siete ámbitos de actuación: (educación y formación; trabajo y acceso al mundo laboral; salud, familia y calidad de vida; vivienda; tiempo libre; cultural juvenil y deportes; soporte al asociacionismo y fomento de la participación ciudadana y movilidad internacional) en los que se recogen un total de 162 propuestas.
En el capítulo dedicado a la vivienda, redactado por el arquitecto Antoni Pol i Solé, se hace alusión a la necesidad de planificar una estructura del sector y del mercado inmobiliario que solucione o mejore la situación que, en este sentido, padecen las capas de la población con rentas medias o bajas como los jóvenes.
Pol i Solé evidencia, a través de datos estadísticos de Andorra, que actualmente el 70% de la población reside en viviendas de alquiler, y que su escasez y alto coste perjudica de forma "muy grave" al menos, a un 10%.
Según Pol i Solé, los colectivos más perjudicados por la falta de pisos son los jóvenes, los inmigrantes, las personas que viven solas y las familias monoparentales, que en muchos casos, apunta el arquitecto, se ven obligados a pasar más tiempo en casa de sus padres, vivir de manera concentrada o irse a vivir a otros municipios, como la Seu d'Urgell, en Lleida.
Para Pol i Solé, una de las soluciones ante esta situación pasaría por que el Gobierno andorrano aplicara una política intervencionista que, por ejemplo, le permita fijar cada año el precio del 25% de la producción de viviendas y destinarla a los residentes del país, tal como ocurre en Mónaco.
También apunta la necesidad de fomentar la construcción de viviendas protegidas para el alquiler en suelo público y con precios fijados, bien mediante iniciativa pública o privada, alcanzando un ritmo anual de 65 alojamientos, es decir, en torno a un 10% de la producción total anual.
Otra propuesta insta a las entidades financieras andorranas a dar préstamos para la compra de la primera vivienda que puedan alcanzar hasta el 100% del precio de ésta, que tengan una duración de hasta 40 años y que, en épocas de carencia, estén exentos de comisiones.
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