Se radicalizan los opositores tras el fracaso del intento de diálogo con Evo Morales

La Paz.-  El primer intento de diálogo en Bolivia tras el referendo del 10 de agosto fracasó, pese a la oferta de pacto del presidente Evo Morales a sus opositores autonomistas, que radicalizaron sus acciones contra el Gobierno.

El Gobierno insistió hoy en llamar a la tolerancia y a la continuidad del diálogo, según el ministro de Presidencia, Juan Ramón Quintana, después de que los prefectos opositores de Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija y Chuquisaca convocaron a una huelga general para el día 19 en sus departamentos.

Los dirigentes de ésas regiones dijeron que la posición de Morales sigue siendo cerrada y que "no quiere escuchar" sus demandas.

Por eso, decidieron avanzar en sus planes autonomistas y no cejar en su reivindicación para que el Gobierno les devuelva sus ingresos petroleros, es decir, el 30 por ciento del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), destinado, desde enero, al pago de una ayuda directa a la vejez.

En la mesa de diálogo, abierta el pasado miércoles en La Paz, Morales planteó a los prefectos (gobernadores) varios pactos, el más importante, la "constitucionalización" de los estatutos autonómicos aprobados en las regiones de la "media luna" (Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija).

También les propuso revisar la devolución del IDH pero, en el marco de un pacto fiscal, que incluya también a los alcaldes del país.

"No nos hemos cerrado a no devolver el IDH, hemos propuesto discutir hasta dónde podemos estirar la sábana pero también con los otros actores para llegar a una fórmula ecuánime y justa", dijo el ministro Quintana en declaraciones a la red PAT.

En este sentido, criticó a los gobernadores opositores que utilizaran estos recursos económicos con fines políticos y, en muchos casos, para financiar medidas de protesta contra el Gobierno y generar un clima de violencia.

Los prefectos de la "media luna" y la de Chuquisaca, en el marco del Consejo Nacional Democrático (Conalde), dieron a conocer, tras la reunión con Morales, la llamada "Resolución de Santa Cruz", donde aseguraron que la crisis nacional debe ser resuelta por el Gobierno y en donde lo responsabilizan "de lo que pueda suceder de aquí en adelante".

Además de convocar un "paro cívico" (lo que en los hechos es una huelga general) en sus departamentos para el próximo martes, advirtieron a las autoridades nacionales que "su presencia en nuestros departamentos no es considerada grata ni bienvenida".

"La lucha recién se inicia, tengan por seguro que vamos a ganar", aseguró ayer Branko Marinkovic, el principal líder cívico de Santa Cruz, tras leer la resolución del Conalde.

La resolución de Santa Cruz está precedida de los anuncios del prefecto de este departamento, Rubén Costas, de aplicar el estatuto de autonomía de su región, que el Gobierno considera "inconstitucional y separatista", al igual que los aprobados en Beni, Pando y Tarija.

Costas anunció al finalizar la consulta revocatoria del domingo la próxima creación de un sistema fiscal propio para Santa Cruz y un cuerpo de seguridad en este departamento.

También dio a conocer la aprobación de un decreto para conformar un órgano electoral en Santa Cruz de cara a la designación de una asamblea departamental.

Por su parte, el Gobierno asegura que el proceso de transformaciones emprendido en Bolivia continuará "pese a quien le pese", según declaraciones del vicepresidente Álvaro García Linera y recogidas hoy por medios locales.

El conflicto político en Bolivia sigue abierto tras el referendo sobre mandatos del 10 de agosto, cuando Morales y su vicepresidente fueron ratificados en su cargos con un apoyo del 67,4 por ciento de la población.

También fueron ratificados los prefectos opositores de Santa Cruz, Rubén Costas, Beni, Ernesto Suárez, Pando, Leopoldo Fernández, y Tarija, Mario Cossío, además de los oficialistas de Potosí y Oruro.