La Paz.- Los líderes opositores de cinco regiones de Bolivia alistan un paro general para el próximo martes contra el Gobierno de Evo Morales que, por su lado, ratificó hoy que descarta militarizar Santa Cruz o decretar un estado de sitio en el país.
Discapacitados bolivianos y sus familiares queman el pasado 15 de agosto una motocicleta durante un bloqueo de calles en la ciudad oriental de Santa Cruz (Bolivia).
El presidente del Comité Cívico de Chuquisaca, John Caba, dijo hoy que su región, más Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando se ven "obligadas" a iniciar medidas para exigir al Ejecutivo restituir el porcentaje de la renta petrolera que se les redujo este año.
El Gobierno de Morales realizó estos descuentos para pagar un bono de 28 dólares mensuales a los mayores de 60 años en el país, pero, según los líderes regionales opositores, la suma retenida está por encima de lo necesario para hacer el pago del beneficio.
"No tenemos otra alternativa que exigir estos recursos por la vía de la presión", dijo Caba, al señalar que muchos proyectos regionales están siendo postergados por la falta de esos fondos, aunque, de su parte, el Gobierno de Morales, ha negado ese extremo.
La pelea por la renta petrolera, que según el Ejecutivo no tiene razón porque la disminución ya habría sido compensada, comenzó en enero pasado cuando se inició el pago del bono a los mayores de 60 años y hace poco también incluyó huelgas de hambre regionales.
La semana pasada Morales y los prefectos opositores de las regiones citadas fracasaron en la primera reunión que intentó abrir un espacio de diálogo para analizar soluciones a los conflictos del país, incluido el del reparto de los ingresos petroleros.
Fue la primera reunión después del mayoritario respaldo obtenido por Morales a nivel nacional y los prefectos opositores en sus regiones en el referendo sobre mandatos celebrado hace una semana.
El fracaso del diálogo en esa cita derivó en la convocatoria a una huelga general que los líderes opositores piden acatar en las regiones de Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija y Chuquisaca, que representan más de la mitad del país que tiene nueve departamentos.
La tensión aumentó el viernes pasado cuando el sector de los discapacitados, que protesta en reclamo de un bono anual de 3.000 bolivianos (actualmente igual a 421 dólares), fue reprimido con violencia en Santa Cruz por la Policía.
El conflicto provocó una reacción contra esa entidad de parte de sectores radicales autonomistas de Santa Cruz que se saldó con al menos veinte heridos, tras varias horas de enfrentamiento.
El conflicto derivó en el relevo del comandante departamental de la Policía de Santa Cruz, quien fue golpeado por los radicales, y en la exigencia del prefecto (gobernador) cruceño, Ruben Costas, de que el nuevo jefe policial para el departamento sea nombrado con su aprobación.
La policía de Santa Cruz quedó temporalmente bajó el mando de tres generales enviados desde La Paz, mientras se soluciona el problema de su jefatura departamental.
El ministro de Defensa, Walker San Miguel, ratificó hoy, a radio Patria Nueva, que, frente a la situación de Santa Cruz, el Gobierno no tiene "un plan, ni ninguna alternativa de militarización".
También sostuvo que las fuerzas de seguridad están alertas ante la posibilidad de violencia durante la huelga del martes, pero descartó el "estado de sitio" porque, según dijo, el Gobierno de Morales "apuesta a la madurez del pueblo boliviano".
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