Perú escenifica el conflicto entre el derecho a la tierra y la necesidad energética

Lima.-  Las protestas sin precedentes que sacuden la Amazonía peruana desde hace diez días han sacado a la luz una intensa lucha por la tierra entre unas etnias que ven su hábitat amenazado y un Estado que necesita recursos energéticos que abundan en la zona.

Alrededor de 65 etnias indígenas de la selva peruana están en huelga desde hace más de una semana para pedir la derogatoria de una serie de leyes que consideran atentatorias contra su derecho a la propiedad de sus tierras, ricas tanto en recursos energéticos como en flora y fauna.

Las protestas en la Amazonía y en la zona selvática de Cuzco se producen en momentos en que el Gobierno de Alan García ha expresado su interés en incrementar sus reservas de gas y petróleo, presentes sobre todo en la selva, para hacer frente a una eventual crisis energética y convertirse en el nuevo proveedor de Sudamérica.

Los nativos movilizados en Loreto han cercado las instalaciones del oleoducto Norperuano, lo que obligó a la suspensión de sus operaciones, y forzaron la paralización de la extracción del gas en la reserva de Camisea en Cuzco que lleva a cabo la argentina Pluspetrol.

En respuesta, el Gobierno declaró el lunes el estado de emergencia en cuatro provincias afectadas por el paro indígena, pero el analista político Fernando Rospigliosi comentó hoy a CPN Radio que "la población se ríe" de esa medida, porque el Ejecutivo no hace nada para que se cumpla.

Las críticas al Gobierno vienen incluso de sus mismos adeptos, pues el legislador oficialista José Vargas manifestó que en Loreto "las comunidades nativas no se han beneficiado del canon petrolero en los últimos treinta años".

La directora del Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAP, habitual defensor de los indígenas), Ada Chuecas, considera que los reclamos de los nativos "son derechos amparados no solamente en tratados internacionales de protección de pueblos indígenas, sino también a nivel constitucional".

Chuecas dijo hoy a una emisora que los recientes decretos legislativos del Gobierno rechazados por los nativos "vulneran los derechos humanos de los pueblos indígenas reconocidos en la Organización Internacional de Trabajo (OIT) y la declaración de la ONU sobre Pueblos Indígenas".

Según Chuecas, para estas comunidades "el derecho de territorio es inherente para que puedan sobrevivir como individuos y como colectivos".

Por ello, criticó la actitud del Gobierno de descalificar la protesta con el argumento de que esconde intereses políticos.

El presidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo, atribuyó el lunes las protestas indígenas a un complot de la extrema izquierda y de organizaciones no gubernamentales para destruir el Estado de derecho en el país.

Del Castillo comparó la toma de yacimientos gasísticos y de puentes realizada por los indígenas con las acciones de la banda armada Sendero Luminoso en la peor época del terrorismo en Perú.

La Defensora del Pueblo, Beatriz Merino, confirmó hoy que su entidad ha remitido una demanda de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional contra uno de los decretos que más rechazo han despertado entre los indígenas.

Ese decreto modifica la forma de votación en las asambleas indígenas y permite que, con solo una mayoría de la mitad más uno, los nativos puedan decidir vender o arrendar sus tierras a compañías transnacionales.

Otros decretos también polémicos son el que permite al Estado fijar el precio de los terrenos y el que define el periodo de la concesión de explotación en cuarenta años renovables.

La Defensora defendió que todo colectivo tiene derecho a manifestarse, pero precisó que la toma de instalaciones y el bloqueo de caminos no están amparados por ningún derecho.

El portavoz de los indígenas, Alberto Pizango, sostuvo el lunes "que estos pueblos son defensores del medio ambiente, defensores de la biodiversidad y se encuentra su vida ahí, y por ello están dispuestos a morir".

Pizango, presidente del mayor gremio indígena, reiteró que los nativos no depondrán su actitud hasta que se instale una mesa de diálogo encabezada por el jefe de Gobierno.