El juicio por genocidio contra un ex presidente de Bolivia puede demorarse varios años

La Paz.-  El juicio contra el ex presidente de Bolivia Gonzalo Sánchez de Lozada, acusado por genocidio, puede demorarse varios años, porque el trámite de su extradición desde Estados Unidos duraría al menos cuatro y no puede ser juzgado en ausencia, admitió hoy el abogado acusador, Rogelio Mayta.

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(EFE)

Sánchez de Lozada renunció a la Presidencia de Bolivia en octubre de 2003 en medio de una violenta ola de protestas sociales en rechazo al proyecto de exportación de gas hacia Estados Unidos por puertos de Chile.

El abogado de las familias de las 60 víctimas y 400 heridos que causó la represión militar a una ola de protestas en 2003 dijo hoy a Efe que Sánchez de Lozada no puede ser procesado a partir de octubre, cuando estaba previsto el inicio del juicio oral.

Explicó que el tribunal que puede instalarse "solo puede llevar adelante el proceso con los acusados que están presentes" en el país, que son nueve ex ministros del segundo gobierno de Sánchez de Lozada (2002-2003) y cinco ex jefes militares.

Sánchez de Lozada renunció a la Presidencia de Bolivia en octubre de 2003 en medio de una violenta ola de protestas sociales en rechazo al proyecto de exportación de gas hacia Estados Unidos por puertos de Chile.

"No podría comenzar (el juicio contra Sánchez de Lozada) porque en todo momento se ha respetado su derecho a la defensa y no se lo puede juzgar en ausencia. Estaríamos pendientes de la decisión de la solicitud de extradición que se tramitará ante Estados Unidos", dijo Mayta, al explicar el caso del ex mandatario.

Tampoco podrá comenzar el juicio para sus ex ministros de Defensa, Carlos Sánchez Berzaín, y de Hidrocarburos, Jorge Berindoague, quienes igualmente viven en EE.UU. y para quienes también se presentará una demanda de extradición posiblemente en dos semanas.

El proceso para estos tres ex dirigentes quedaría pendiente y puede ser reabierto si finalmente se produce la extradición, un tramite que puede durar cuatro años y que se complicaría en el caso de Sánchez Berzaín, ya que goza de estatus de refugiado político.

"Según la legislación de Estados Unidos los recursos que pueden interponer las personas que son extraditables están en promedio de cuatro años. Por eso para nosotros es importante iniciar el juicio por lo menos para otros responsables", apuntó el abogado.

El letrado calcula estos cuatro años de demora tras haber consultado a especialistas estadounidenses en extradiciones, que son tramitadas en los Departamentos de Estado y de Justicia y que incluso pueden llegar hasta la Corte Suprema de ese país.

De este modo, el juicio oral que se espera iniciar en octubre estará centrado sólo en los nueve ex ministros de Sánchez de Lozada y cinco ex jefes militares que se encuentran en Bolivia y que están acusados de distintos delitos con relación a la masacre de octubre de 2003.

Se trata, según precisó Mayta, de los ex ministros de Gobierno Yerko Kukoc, de Participación Popular Mirtha Quevedo, de Salud Javier Torres y de Hacienda Jorge Torres.

También se podría iniciar juicio contra los ex ministros de Educación Hugo Carvajal, Agricultura Guido Añez, Desarrollo Sostenible Eric Reyes Villa, Asuntos Financieros Dante Pino y de Trabajo Adalberto Kuajara.

Los ex jefes militares imputados que también podrían sentarse en el banquillo en octubre son los ex comandantes de las Fuerzas Armadas Roberto Claros Flores y Gonzalo Rocabado Mercado, y los ex jefes del Ejército Juan Veliz, de la Fuerza Naval Luis Alberto Granados y de la Fuerza Aérea José Oswaldo Quiroga.