Gestionan que el Gobierno de Nicaragua se adhiera a la Corte Penal Internacional

Managua.-  La coordinadora de la Coalición por la Corte Penal Internacional (CPI), Francesca Varda, realiza gestiones en Nicaragua para que el gobierno de este país se adhiera al estatuto de Roma que hace diez años estableció esta Corte.

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(EFE)

Autoridades de Nicaragua oponen objeciones para adherirse al Estatuto de Roma argumentando escollos constitucionales, ya que la Constitución de este país no establece la pena de muerte ni la extradición de nacionales.

En rueda de prensa realizada hoy en el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Varda, de nacionalidad argentina, explicó que la Coordinadora regional para la América Latina y el Caribe de la CPI es una alianza de 2.500 organizaciones del mundo que abogan por una Corte Penal Internacional justa, efectiva e independiente.

Varda dijo que en Managua se ha reunido con autores y diferentes autoridades que están involucradas en el proceso de adhesión a la CPI y discutieron cuáles son las objeciones que se han presentado para que la Corte tenga vigencia en Nicaragua.

Explicó que el estatuto de Roma ha sido ratificado por 108 países y en América Latina sólo faltan cuatro que son Nicaragua, El Salvador, Guatemala y Chile.

Aclaró que los fallos de la CPI no tienen efectos retroactivos y sólo puede conocer de hechos o situaciones a partir del 1 de julio de 2002.

Indicó que cuando un estado decide aceptar la jurisdicción de la Corte, el estatuto de Roma entra en vigor para este Estado el primer día del mes seguido los 60 días después de que el Estado formalmente deposita el instrumento de ratificación en las Naciones Unidas.

Añadió que la coalición lleva once años recopilando información sobre cómo algunos países han superado escollos constitucionales para adherirse a la CPI, con sede en La Haya, Holanda.

Señaló que por eso brinda herramientas que puedan servir a los actores para que adopten las decisiones necesarias, como datos comparativos de cómo países latinoamericanos superaron vacíos para adherirse al estatuto de Roma.

Norwin Solano, abogado del Cenidh, precisó que con Varda se han reunido autoridades de la cancillería y diputados de la Asamblea Nacional, donde han tenido receptividad sobre las explicaciones que les han hecho sobre el tema de la CPI.

"Esa receptividad es un aliciente de que hay esperanzas en este país de que en algún momento de la historia pueda estar en vigencia la CPI y que Nicaragua sea parte de ese concierto de naciones que están dispuestas a luchar contra la impunidad", dijo Solano.

Enfatizó que la CPI es una institución fuerte, permanente y objetiva que ventila crímenes de guerra, genocidios y crímenes de lesa humanidad.

"Bien es cierto (que) las condiciones que se han venido generando en el actual contexto político quizás no sean las mas propicias, pero creemos que hay suficiente capacidad y personas vinculadas a la Asamblea Nacional convencidas de la necesidad de que la CPI entre en vigencia y que Nicaragua reconozca la jurisdicción de la corte".

La presidenta del Cenidh, Vilma Núñez de Escorcia, lamentó que Nicaragua sea uno de los pocos países latinoamericanos que no se ha adherido al estatuto de Roma.

Autoridades de Nicaragua oponen objeciones para adherirse al Estatuto de Roma argumentando escollos constitucionales, ya que la Constitución de este país no establece la pena de muerte ni la extradición de nacionales.

La CPI sí permite la pena de muerte pero no la extradición; en cambio emplea la figura de la entrega, "que es totalmente distinta a la extradición", lo que resuelve dificultades de tipo constitucional.