Buenos Aires.- El Gobierno argentino prohibió a las Fuerzas Armadas alojar en unidades castrenses a militares procesados o condenados por delitos cometidos durante la última dictadura (1976-1983), según una resolución difundida hoy.
El ex general Luciano Menéndez se retira del juzgado donde un tribunal lo condenó el pasado 28 de agosto a la pena de prisión perpetua, tras ser juzgado por el secuestro, las torturas y desaparición en 1976 del ex senador Guillermo Vargas Aignasse.
La medida fue adoptada en momentos en que varios represores de la dictadura permanecen detenidos en unidades militares o gozan del beneficio de la prisión domiciliaria, lo cual es rechazado por los familiares de las víctimas y el propio Ejecutivo.
La ministra argentina de Defensa, Nilda Garré, ordenó a los jefes del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea que no permitan el "alojamiento en unidades militares de personas procesadas o condenadas penalmente", indicó un comunicado oficial.
La resolución también prohíbe "a la totalidad del personal de las Fuerzas Armadas la ejecución de requerimientos judiciales, cualquiera fuera la fecha de emisión, que impliquen el traslado de personal militar privado de su libertad bajo cualquier modalidad".
"En varias oportunidades los juzgados que intervienen en causas donde se investigan violaciones a los derechos humanos han requerido u ordenado en forma directa la colaboración de las Fuerzas Armadas para la realización de tareas que son propias de las fuerzas de seguridad", remarca.
En ese orden, indica que "resulta necesario poner límite a esos alojamientos toda vez que las unidades militares no tienen competencia ni pueden asumir las responsabilidades que implican esos alojamientos".
Según Garré, "la realización de labores propias de procesos penales, como la detención de personas y el traslado de detenidos, por parte de las Fuerzas Armadas no sólo son ajenas a su rol, sino que les están prohibidas".
La semana pasada un tribunal condenó a los ex generales Luciano Menéndez y Antonio Bussi a prisión perpetua por el secuestro, las torturas y desaparición de un ex senador durante la última dictadura militar.
Los jueces dispusieron que hasta que la condena sea firme Bussi continúe gozando del beneficio de la prisión domiciliaria y Menéndez lo haga en una unidad militar, lo que generó fuertes protestas entre los familiares de víctimas de la represión.
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