Tomás Olivo y el interventor municipal declaran mañana como imputados por causa urbanística

Marbella (Málaga).-  El empresario murciano Tomás Olivo y el interventor del Ayuntamiento de Marbella (Málaga), Juan Antonio Castro, declararán mañana, entre otros, como imputados por una causa en la que el juez investiga presuntas irregularidades urbanísticas, según han señalado a Efe fuentes judiciales.

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(EFE)

El empresario murciano Tomás Olivo y el interventor del Ayuntamiento de Marbella (Málaga), Juan Antonio Castro, declararán mañana, entre otros, como imputados por una causa en la que el juez investiga presuntas irregularidades urbanísticas, según han señalado a Efe fuentes judiciales.

Además de ellos, deberán comparecer mañana ante el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Marbella en calidad de imputados el empresario cordobés José María Enríquez y el ex secretario municipal Leopoldo Barrantes, ambos -al igual que Olivo- también procesados por el "caso Malaya" contra la corrupción.

En estas diligencias, una de las 27 en las que se desglosó una querella de la Fiscalía Anticorrupción por presuntas irregularidades en convenios sobre permutas y tasación de terrenos, el juez investiga la adjudicación por parte del Consistorio de parcelas y aprovechamientos urbanísticos a la empresa General de Galerías Comerciales, cuyo consejero delegado es Tomás Olivo.

Dicha actuación supuso, según el Tribunal de Cuentas, un perjuicio de más de 44,8 millones de euros para las arcas municipales.

Según el informe de fiscalización del Ayuntamiento marbellí y sus sociedades participadas en los años 2000 y 2001 elaborado por el citado tribunal, los bienes inmuebles salieron a subasta pública en marzo de 1996 por más de 11,5 millones de euros.

La subasta quedó desierta y cuatro años después las parcelas fueron adjudicadas de forma directa por el entonces alcalde en funciones, Julián Muñoz, a la empresa, siete meses después de que el Consistorio firmara un convenio en el que se consideraba deudor de esta compañía por unas supuestas obras ejecutadas.

Al tratarse de una enajenación de bienes que superaba el 10 por ciento de los recursos ordinarios del Ayuntamiento, la Comisión de Gobierno carecía de potestad tanto para convocar la subasta como para facultar al alcalde la adjudicación, competencia sólo del pleno, que debía acordarlo por mayoría absoluta.

El Tribunal de Cuentas señala también en el informe que el hecho de sacar a subasta de forma conjunta las cinco parcelas reducía la posibilidad de concurrencia por la dificultad de encontrar licitadores con capacidad financiera suficiente para afrontar el volumen de la operación y por ser bienes sin relación entre sí.

Además, la adjudicación directa decretada por Muñoz sería irregular al violar la ley autonómica que establece que sólo puede hacerse a lo largo de un año después de ser declarada desierta, para evitar la enajenación de bienes a precios no ajustados a mercado.

La Fiscalía presentó en junio de 2007 una querella por delitos contra la ordenación del territorio, prevaricación, fraude y malversación de caudales públicos contra el ex alcalde marbellí Julián Muñoz, el ex asesor urbanístico Juan Antonio Roca y el tasador José Mora, a quienes atribuye irregularidades en convenios sobre permutas y tasación de terrenos.