Investigan si una decena de jóvenes uruguayos son hijos de desaparecidos

Montevideo.-  La Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz de Uruguay estudia diez casos de personas que pueden ser hijos de desaparecidos durante la dictadura (1973-1985), indicaron hoy representantes de ese organismo.

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(EFE)

En caso de que se descubrieran pruebas fehacientes de que hubo sustracción de identidad en alguno de esos casos, se harán las acciones judiciales pertinentes.

Las solicitudes de investigación por parte de esa institución ligada a la Presidencia de la República partieron de la Asociación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos, la organización Hijos y el Servicio de Paz y Justicia, entre otras organizaciones, dijeron las citadas fuentes a la prensa.

Los posibles hijos de desaparecidos son diez jóvenes con edades comprendidas entre los 30 y los 35 años que quieren confirmar su verdadera identidad y el paradero final de sus progenitores.

En caso de que se descubrieran pruebas fehacientes de que hubo sustracción de identidad en alguno de esos casos, se harán las acciones judiciales pertinentes, añadieron.

El número de casos puede aumentar, dada la relación que existe entre los desaparecidos y eliminados por la dictadura uruguaya y los casos registrados en Argentina, donde en total desaparecieron 126 uruguayos, según un informe publicado el año pasado.

Entre los hijos de desaparecidos que han recuperado su identidad se encuentra Macarena Gelman, nieta del poeta argentino Juan Gelman.

El literato pudo localizar el año 2000, 24 años después del asesinato de su nuera y su hijo, a su nieta que había sido dada en adopción a una familia uruguaya tras nacer en cautividad en el Hospital Militar de Montevideo.

Las organizaciones uruguayas que investigan lo sucedido con los hijos de desaparecidos trabajan en contacto con grupos similares en Argentina, como las Abuelas de Plaza Mayo, quienes hasta el momento han identificado a 93 jóvenes nacidos durante la dictadura argentina y entregados en adopción tras la desaparición o muerte de sus padres.

La noticia sobre las investigaciones en marcha coincidió esta semana con la ratificación por parte del Senado uruguayo de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, adoptada en diciembre de 2006 por la ONU y firmada por Uruguay en febrero de 2007.

Esta Convención establece como derecho absoluto el que nadie sea sometido a la desaparición forzada, a la que define como cualquier tipo de arresto, detención, secuestro u otra forma de privación de libertad, por parte de funcionarios de un Estado o de particulares con apoyo estatal.

Una vez entre en vigor, los países miembros de la ONU habrán de dar los pasos precisos para investigar los casos de desaparición y reformar sus legislaciones para que la práctica sea tipificada como un delito criminal.

Además, su reconocimiento como delito de lesa humanidad lo hace imprescriptible y facilita que casos de esa naturaleza puedan ser procesados por la Corte Penal Internacional.

Hasta el momento la Convención ha sido firmada por 73 países, pero sólo la han ratificado cuatro (Albania, Argentina, Guatemala y México).

Se necesita que la Convención sea ratificada por al menos una veintena de estados para que entre en vigor.