El Gobierno retoma el diálogo con la oposición y "no negociará" sobre las muertes de Pando

La Paz.-  El Gobierno de Evo Morales retomó hoy en Bolivia el diálogo con los prefectos (gobernadores) opositores y advirtió de que no negociará eventuales acuerdos sobre las muertes ocurridas en la región norteña de Pando.

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(EFE)

Los conflictos que vive Bolivia han causado cerca de treinta muertos en Pando, según el Gobierno, y han paralizado las carreteras de medio país y bloqueado las fronteras de Bolivia con Argentina, Brasil y Paraguay.

Se trata del segundo encuentro en dos días entre el Ejecutivo y el prefecto de Tarija, Mario Cossío, que representa a sus colegas y a los dirigentes cívicos opositores de Santa Cruz, Beni, Chuquisaca y Pando para encarar lo que muchos definen como la última oportunidad de diálogo para solucionar la crisis de Bolivia.

Los conflictos que vive Bolivia han causado cerca de treinta muertos en Pando según el Gobierno, han paralizado las carreteras de medio país y bloqueado las fronteras de Bolivia con Argentina, Brasil y Paraguay.

Varias regiones del país han sufrido además vandalismo, saqueos y ocupación de instituciones y empresas del Estado en regiones gobernadas por los opositores y ataques contra infraestructuras energéticas.

Antes de reunirse con el vicepresidente del Gobierno, Álvaro García Linera, Cossió consideró fundamental que después se sume al encuentro el presidente Evo Morales para definir las bases de un diálogo más formal con todos los opositores autonomistas.

La cita de hoy debería fijar las características del escenario de negociación sobre el proyecto de nueva Carta Magna que impulsa Evo Morales, los estatutos para dar un régimen autonómico a Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija y la distribución de las rentas petroleras.

Éstos son los tres temas de fondo que mantienen enfrentados hace varios meses al Gobierno de Morales y la oposición, y que han provocado la ola de protestas contra el Ejecutivo.

Las medidas de presión han derivado en una ola de violencia que ha tenido su "pico" más grave en el departamento de Pando, donde el Gobierno ha declarado el estado de sitio.

García Linera dijo que en esos temas el Ejecutivo tiene "una amplia predisposición" para discutirlos, en la perspectiva de alcanzar "la compatibilización de los estatutos autonómicos con la nueva constitución".

No obstante, advirtió de que no están dispuestos a discutir la denuncia contra el prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, a quien demandarán penalmente y al que pretenden detener por su presunta responsabilidad en las muertes ocurridas en su región.

La mayoría de las víctimas murieron en el choque a balazos entre sectores campesinos leales al mandatario y opositores autonomistas en la localidad de Porvenir, cerca de Cobija, capital de Pando, ocupada por militares desde la noche de viernes.

"La opinión pública tiene que saber que el Gobierno no va negociar los muertos, el Gobierno no va negociar la responsabilidad penal y criminal de los masacradores", recalcó García Linera.

El vicepresidente también tachó de "asesino" a Fernández y le negó su condición de "interlocutor" en las negociaciones con los prefectos.

De hecho, anunció que el próximo martes, el Congreso, que preside García Linera, constituirá una comisión con atribuciones de Fiscalía para investigar los violentos sucesos de la norteña Pando.

García Linera agregó que tampoco negociarán acuerdos para que queden impunes los responsables de los ataques "terroristas" contra instalaciones petroleras que afectaron la venta de gas a Brasil y Argentina.

Ratificó su decisión de avanzar en la investigación y demandas contra quienes han ocupado y destruido instituciones y empresas estatales en varias regiones ante la pasividad de sus prefectos.

Al llegar al Palacio de Gobierno de La Paz, Cossío se mostró esperanzado en que esta segunda reunión se construyan "las bases de un acuerdo que devuelva la tranquilidad, la certidumbre y la paz al pueblo boliviano".

Según Cossío, uno de los avances para la posible instalación de un diálogo formal consiste en el consentimiento de los líderes opositores autonomistas para mantener negociaciones con el Gobierno, tras evaluar los primeros trabajos del pasado viernes.

Además, destacó como un segundo avance la aceptación del cardenal Julio Terrazas, la máxima autoridad de la Iglesia Católica en Bolivia, y de algunos embajadores, a quienes no identificó, como "facilitadores o garantes" de las conversaciones.