ONG mexicanas denuncian en la ONU la sistemática criminalización de la protesta social

Ginebra.-  Más de cincuenta ONG y entidades civiles mexicanas denunciaron hoy en Ginebra la sistemática criminalización de la protesta social en México y la impunidad de la que gozan los agentes del Estado que perpetran violaciones de los derechos humanos.

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(EFE)

Un grupo de activistas protesta con pancartas en Ciudad de México, contra la alcaldesa de Sucre (Bolivia), Aydée Nava, a quien acusaron de haber promovido actos racistas en la ciudad donde gobierna.

"El Gobierno penaliza la exigencia del cumplimiento de los derechos humanos", declaró a Efe Vidulfo Rosales Sierra, representante del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, del estado de Guerrero, el más pobre del país.

El centro Tlachinollan forma parte de la Red Todos los Derechos para Todos y Todas, formado por una cincuentena de entidades defensoras de los derechos humanos.

La Red presenta esta semana en Ginebra el documento elaborado por la sociedad civil para que sea tenido en cuenta en el Informe Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, dado que México será objeto de análisis el próximo febrero.

Según el texto, "a pesar de que México ha recibido un gran número de relatores y relatoras y que ha sido objeto de numerosas recomendaciones, éstas no se han traducido en acciones concretas por parte del Estado mexicano, ni tampoco han hecho que los derechos humanos se conviertan en prioridad dentro de las políticas públicas".

"Es por ello que debemos protestar para hacer valer unos derechos que no están reconocidos, y el Estado, en vez de actuar en consecuencia, responde reprimiendo y enjuiciando los movimientos sociales", explicó Rosales.

El informe señala que la impunidad es un "factor que aparece como elemento común de las violaciones de los derechos humanos".

"En este contexto de enorme inequidad, las autoridades federales, estatales y municipales han asumido una política de represión y criminalización de la protesta social", indica el documento.

Dicha política, agrega, "implica acciones represivas policíacas que nunca son investigadas y sancionadas y, al mismo tiempo, supone hacer legal la injusticia y utilizar la ley para sancionar a quienes se enfrentan al Estado exigiendo sus derechos".

Como ejemplo, Rosales destacó que sólo en el último año se han registrado en Guerrero 201 casos de detenciones arbitrarias.

En total, la Red contabilizó 60 casos de criminalización de la protesta social.

Asimismo, el texto resalta que "el país vive una lacerante violencia estructural, ejercida por las instituciones y el sistema social, que se manifiesta tanto en la desigualdad como en la represión".

Señala tanto la represión policial, "uso desproporcionado de la fuerza, secuestro exprés, torturas, abusos sexuales a las mujeres, etc", como la militarización de la vida civil.

Rosales subrayó que "los militares actúan impunemente porque, en caso de acusación, son juzgados por la justicia militar que de forma continua los exime de cualquier responsabilidad, a pesar de que estos actos constituyan violaciones a los derechos humanos de civiles".

"Exigimos el cumplimiento de los compromisos que México ha firmado en numerosos tratados internacionales y que las distintas autoridades se sienten a dialogar con la sociedad civil", agregó el activista.

Los representantes de la Red se han reunido estos días con los relatores especiales de las Naciones Unidas sobre Detenciones Arbitrarias, Pueblos Indígenas, Alimentación, Violencia contra la Mujer e Independencia de los Jueces.