La Paz.- El diálogo político abierto en Bolivia para superar la crisis que vive el país ha entrado en una fase de estancamiento ante la imposibilidad de concretar acuerdos entre el Gobierno de Evo Morales y sus opositores regionales.
De izquierda a derecha el vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, el presidente Evo Morales, y el enviado de la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur), el ex canciller chileno, Juan Gabriel Valdés, en Cochabamba durante las entre el Gobierno y sus opositores.
La nueva Constitución y el régimen autonómico que demandan los dirigentes regionales de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija son de nuevo los principales escollos que impidieron anoche cerrar un preacuerdo tras cuatro días de negociaciones en la ciudad de Cochabamba, según informaron hoy distintos medios oficiales.
El presidente Evo Morales y su Gobierno intentaron el domingo sin éxito forzar un acuerdo para sacar adelante la convocatoria del referendo sobre la nueva Constitución pero los prefectos (gobernadores) de estas regiones exigieron a cambio que el proyecto de Carta Magna incluya autonomía departamental plena para sus territorios.
En concreto, Morales planteó un acuerdo que permita "viabilizar" antes del 1 de octubre la aprobación en el Congreso de la ley para convocar las dos consultas necesarias para ratificar el proyecto constitucional incluyendo la compatibilización de las autonomías en el texto.
Sin embargo los prefectos se mostraron en desacuerdo con esa fecha, pidieron más tiempo para continuar el trabajo de las comisiones técnicas abiertas en Cochabamba y exigieron una autonomía departamental plena.
El viceministro de Descentralización, Fabián Yaksic, advirtió anoche que la actitud de los prefectos "pone en riesgo el diálogo" por realizar planteamientos que suponen un "retroceso" en las negociaciones, informó hoy la agencia estatal ABI.
El representante de los prefectos opositores, el gobernador tarijeño Mario Cossío, recordó por su parte que la condición para "acompañar" la convocatoria constitucional es que "se respete la autonomía departamental plena que ha sido ganada" en Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando.
A pesar de estas diferencias, el proceso de diálogo continúa con el trabajo de las comisiones técnicas que estudian los principales puntos de enfrentamiento entre ambas partes.
Además de la nueva Constitución y las autonomías, el otro asunto medular es la distribución territorial de los ingresos petroleros procedentes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH).
La falta de acuerdos ha llevado a los sectores sociales que apoyan a Morales a anunciar la radicalización de las medidas de presión contra los opositores y, concretamente, el cerco contra la ciudad de Santa Cruz, el feudo de los autonomistas.
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