Managua.- La Procuraduría de Derechos Humanos de Nicaragua pidió al Gobierno de Daniel Ortega que no permita el ingreso al país de directivos de la organización Human Rights Watch (HRW), informó hoy un diario local.
El procurador nicaragüense de Derechos Humanos, Omar Cabezas, calificó como "delincuente" y "fascista" a Vivanco, a quien catalogó como "uno de los tentáculos del imperio" estadounidense.
"Pido y exijo que no entre a este país ningún funcionario de Human Rights Watch, porque dejar entrar a esa gente es prestarse a la desestabilización y a los desprestigios que hacen ellos", indicó el procurador nicaragüense de Derechos Humanos, Omar Cabezas, según el diario La Prensa de Managua.
Cabezas, ex guerrillero sandinista y presidente de la Federación Iberoamericana del Ombudsman (FIO), se opuso a que el director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, expulsado de Venezuela la semana pasada, visite Nicaragua.
El funcionario calificó como "delincuente" y "fascista" a Vivanco, a quien catalogó como "uno de los tentáculos del imperio" estadounidense.
"No sé cómo los venezolanos dejan pasar a ese delincuente. Es un cochino, no lo disimula", añadió.
El procurador agregó que HRW respalda a los organismos locales Comisión Permanente de los Derechos Humanos (CPDH) y Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), porque son "tentáculos de Estados Unidos presentes en Nicaragua".
La CPDH y el Cenidh son organismos defensores de los derechos humanos de Nicaragua, integrado por miembros de la sociedad civil y críticos al Gobierno de Ortega, que condenaron al presidente de Venezuela, Hugo Chávez, por expulsar a los directivos de HRW.
El presidente Ortega respaldó la decisión tomada por Chávez, su principal aliado, de expulsar a los directivos de la organización HRW el jueves pasado de Caracas, porque a través de "mentiras" Vivanco ofendió la "dignidad" de ese país, según el Gobierno venezolano.
Ortega y Cabezas enfrentan una acusación por genocidio y crímenes de lesa humanidad promovida por la nicaragüense CPDH.
La CPDH acusó en 2006 a Ortega, a Cabezas y a una decena de funcionarios del primer Gobierno sandinista (1979-1990) ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por presuntos crímenes de lesa humanidad y genocidio contra indígenas miskitos.
La denuncia se refiere a la "Navidad roja" de 1982, como se conoce la operación llevada a cabo por el ejército sandinista para sacar a unos 8.500 indígenas de sus comunidades a orillas del río Coco, en la frontera con Honduras, y reubicarlos en cinco campamentos.
La operación se hizo para evitar que los indígenas sirvieran de apoyo a la "contrarrevolución" financiada por EE.UU., que pretendía derrocar a los sandinistas.
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