Los ministros de la UE cierran un acuerdo sobre el Pacto para la Inmigración

Bruselas.-  El Consejo de Ministros de la Unión Europea (UE) cerró hoy un acuerdo político sobre el Pacto Europeo sobre la Inmigración y el Asilo, que busca limitar la llegada de inmigrantes a lo estrictamente necesario para el mercado laboral.

El Pacto, que será aprobado formalmente por la cumbre de líderes de la UE del 15 y 16 de octubre, opta por una inmigración selectiva, controlada de acuerdo con las necesidades laborales y la capacidad de integración del país de acogida, con una firmeza total contra los indocumentados y sin regularizaciones masivas.

El texto, respaldado de forma unánime por los 27 países comunitarios, busca dar un nuevo impulso hacia una política común de inmigración y asilo que tenga en cuenta el interés colectivo de la UE, al considerar "imprescindible" que cada Estado miembro tenga en cuenta al resto de la Unión al aprobar sus políticas en la materia.

El Pacto es uno de los principales objetivos de la presidencia francesa de la UE de este semestre y tiene cinco puntos básicos: organizar la inmigración legal según las necesidades y la capacidad de acogida; combatir la inmigración ilegal y expulsar a los irregulares; fortalecer los controles fronterizos; aumentar la cooperación con los países de origen y mejorar el sistema de asilo.

"La Unión Europea no dispone de medios para acoger dignamente a todos los emigrantes que esperan hallar una vida mejor", señala claramente el Pacto.

Por ello, indica que la gestión de la inmigración en la UE debe tener en cuenta la situación del mercado laboral, así como los recursos disponibles en materia de alojamiento, sanidad y educación.

Cada país comunitario determinará las condiciones de admisión a su territorio y fijará el número de inmigrantes que puede acoger, en función de las necesidades del mercado de trabajo.

El Pacto dice que los países de la UE fomentarán la integración de los inmigrantes, buscando el equilibrio entre sus derechos (acceso a educación, trabajo y los servicios públicos y sociales) y deberes (respeto a las leyes del país de acogida), con medidas específicas para facilitar el aprendizaje de la lengua y el acceso al empleo.

Además, se defenderá el respeto de la identidad de los países comunitarios y de la UE, así como de sus valores fundamentales (como derechos humanos, libertad de opinión, tolerancia, igualdad entre hombres y mujeres y escolarización obligatoria de los niños).

También se impulsará la admisión de trabajadores cualificados y se favorecerá la inmigración temporal, para evitar la fuga de cerebros.

Sin embargo, los mecanismos de reagrupamiento familiar tendrán en cuenta los recursos y condiciones de residencia, así como el conocimiento del idioma del país de acogida.

Los inmigrantes en situación irregular tendrán que abandonar el territorio comunitario y las regularizaciones se harán caso por caso.

Para lograr las repatriaciones, se intentará establecer acuerdos de readmisión con los países de origen, con los que también se reforzará la cooperación para luchar contra el tráfico de personas.

Además, a comienzos de 2012 se implantarán, como muy tarde, los visados con información biométrica, y para esa fecha también tendrá que estar funcionando un registro electrónico de salidas y entradas en la UE.