Buenos Aires.- Un juez argentino dispuso hoy que no hay pruebas para procesar al jefe de la Armada argentina, Jorge Godoy, por un caso de espionaje a políticos y dirigentes humanitarios desde una base naval.
El caso fue denunciado por el organismo humanitario Centro de Estudios Sociales y Legales (CELS) en marzo de 2006 y conmocionó al país porque desde el fin de la última dictadura (1976-1983) las leyes prohíben a los militares espiar a los civiles.
La medida fue dictada por Hugo Sastre, juez federal de la ciudad argentina de Rawson, y también benefició al segundo de Godoy, Benito Rótolo, y a Luis Fajre, jefe de la base naval Almirante Zar, a 1.500 kilómetros al sur de Buenos Aires, informaron fuentes judiciales.
En la misma resolución, por el contrario, el magistrado procesó sin prisión preventiva a los altos mandos de la Armada Luis De Vincenti y Carlos Ruda.
La semana pasada la Fiscalía había pedido el procesamiento de estos cinco jefes navales al considerarles responsables de la ejecución de un plan de inteligencia naval hallado cuando en 2006 comenzó la investigación del presunto espionaje a civiles, que desembocó en el procesamiento de 12 oficiales de la Armada.
El "Plan Básico de Inteligencia Naval 201, edición 2005" fue hallado durante un registro en la base naval Almirante Zar, desde donde se espió a dirigentes políticos, entre ellos al por entonces presidente argentino, Néstor Kirchner (2003-2007), y miembros de organismos humanitarios.
El caso fue denunciado por el organismo humanitario Centro de Estudios Sociales y Legales (CELS) en marzo de 2006 y conmocionó al país porque desde el fin de la última dictadura (1976-1983) las leyes prohíben a los militares espiar a los civiles.
La denuncia del organismo humanitario se basa en el testimonio del suboficial naval Carlos Alegre, quien formaba parte de la oficina de inteligencia de la base naval, pero se negó a participar de actos de espionaje ilegal.
El Gobierno de Kirchner dispuso el inmediato pase a retiro de los 12 oficiales navales implicados en la denuncia, cuyo procesamiento fue confirmado por un tribunal de alzada a fines del año pasado.
Los oficiales navales son acusados de recopilar datos personales, fotografías y fichas con información de los civiles espiados, entre los que también había periodistas y dirigentes sindicales, según las actuaciones en manos del juez Sastre.
Esos informes eran clasificados, ordenados y enviados a la Dirección de Inteligencia Naval en la sede de la Armada.
Entre los procesados figuran el ex titular de la Dirección de Inteligencia Naval (Dina) contraalmirante Pablo Rossi; Félix Médici, antiguo jefe de la base naval; el vicealmirante Eduardo Luis Avilés, y los oficiales Cristian Vidal y Carlos Vázquez.
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