El nuevo proceso de diálogo en Bolivia comienza con las mismas posturas enfrentadas

La Paz.-  El partido del presidente de Bolivia, Evo Morales, y la oposición empezaron hoy un nuevo proceso de diálogo en el Congreso, sin que hayan modificado las posturas políticas que han impedido la firma de un acuerdo definitivo sobre la crisis del país.

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La reunión se inició con la presencia del vicepresidente del país y también presidente del Congreso, Álvaro García Linera, y del titular del Senado, el opositor Óscar Ortiz, de la alianza Poder Democrático y Social (Podemos, derecha).

Los legisladores que integran la comisión de diálogo pertenecen a las cuatro fuerzas del Congreso: el gubernamental Movimiento Al Socialismo (MAS), Podemos, la centrista Unidad Nacional (UN) y el derechista Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR).

Después de inaugurar la cita, el vicepresidente declaró que tiene "esperanzas" de lograr un "acercamiento y acuerdos sustanciales políticos".

No obstante, los legisladores del oficialismo y la oposición ratificaron sus posturas encontradas.

El foco de la polémica está en el proyecto de nueva Carta Magna que Morales desea aprobar en un referendo que podría celebrarse a principios de 2009, pero que la oposición rechaza y propone cambiar en numerosos artículos y temáticas.

El MAS de Morales necesita consensos para aprobar la ley de convocatoria al referendo constitucional en el Senado, donde no cuenta con la mayoría.

La alianza conservadora Podemos denunció en un documento difundido hoy que el proyecto constitucional está "plagado de atropellos a la ley", tiene al menos de 26 "vicios de nulidad" y propone reformas "que buscan la destrucción de la democracia".

A juicio de los opositores, Morales quiere "imponer un régimen totalitario con presidencia vitalicia".

Podemos sostiene que la Asamblea Constituyente aprobó este texto en medio de cuatro "cercos" instalados por sectores afines a Morales en los alrededores de la sede del foro y de disturbios que causaron en noviembre de 2007 tres muertos y centenares de heridos en la ciudad de Sucre.

A pesar de todo, García Linera ve a los legisladores con "voluntad de trabajar y acercar criterios" y explicó que no hay plazo para concluir las conversaciones.

"Se irán evaluando cada 48 horas los avances de esta mesa y la pertinencia de darnos más tiempo o de asumir que no se pueden lograr más acuerdos", apuntó García Linera.

Por su parte, el presidente del Senado sostuvo que si el MAS no acepta hacer cambios más allá de las autonomías, el nuevo proceso de diálogo "no tendrá sentido".

El pasado fin de semana, los prefectos (gobernadores) opositores autonomistas y Morales cerraron sin firmar acuerdos definitivos una primera fase de las conversaciones que duraron veinte días y que contaron la presencia de observadores internacionales.

La nueva mesa de diálogo debe, según Ortiz, abarcar temas de fondo sobre la estructura de los órganos del Estado, el funcionamiento democrático, los alcances del control social, la libertad de expresión y el modelo económico, entre otros.

La postura de Ortiz fue replicada por el jefe de los diputados del MAS, César Navarro, quien pidió a Podemos "establecer con claridad" y entender los límites de su representación política.

"En el Congreso tiene una representación del 28 por ciento, en la Asamblea Constituyente llegaba al 16 por ciento y con esos porcentaje mínimos no puede arrogarse una representación nacional", cuestionó Navarro.

No obstante, Podemos controla el Senado en alianza con el MNR y UN y ha convertido ese órgano en un escenario para frenar las reformas políticas y económicas impulsadas por el Ejecutivo.

El documento difundido por Podemos estableció, además, que para que el diálogo iniciado hoy puede avanzar y sea "fructífero" debe haber un acuerdo para auditar el registro electoral del país de cara a que en 2009 haya elecciones "libres, confiables y sin fraude".

Podemos se refirió así al anuncio del presidente Morales de que en julio de 2009 se celebrarán comicios adelantados en los que buscará la reelección para poder aplicar la nueva Constitución Política del Estado, cuya aprobación espera para principios de año.