San Sebastián.- Varias asociaciones de víctimas del terrorismo han asegurado hoy que todas "las justificaciones, comprensiones o legitimaciones que se producen por parte del nacionalismo gobernante" de forma cotidiana "hieren" a este colectivo y "alargan cruelmente su recuperación personal".
El presidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), Juan Antonio García Casquero, el pasado mes de junio a la entrada del Tribunal Supremo donde se celebró la vista de los recursos contra la sentencia de la Audiencia Nacional que impuso penas de entre 3 y 42.924 años a veintiuno de los veintiocho procesados por su participación en los atentados del 11-M.
El Colectivo de Víctimas del Terrorismo del País Vasco, la AVT, la Asociación Nacional de la Guardia Civil "Marqués de las Amarillas" y las fundaciones Fernando Buesa, Fundación Gregorio Ordóñez y Miguel Ángel Blanco han suscrito un comunicado, cuyas consideraciones quieren que sean trasladadas por la consejería vasca de Justicia en el acto que tendrá lugar mañana en el santuario guipuzcoano de Arantzazu.
En este acto, que será presidido por el lehendakari, Juan José Ibarretxe, se hará entrega a la Premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú y al representante del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas Elio Tamburi del texto en favor de los derechos humanos que ha sido promovido por el Gobierno Vasco con motivo del 60 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
En este documento, firmado por personalidades del mundo de la cultura y de la sociedad vasca, se dice que los derechos humanos son "indivisibles y universales", se solidariza con todas las víctimas, proclama que "ni una causa política o ideológica, ni la razón de Estado legitiman" la vulneración del derecho a la vida, califica de "deleznable" la tortura y recoge un compromiso por la sostenibilidad del medio ambiente, aunque no menciona expresamente a ETA.
Las asociaciones de víctimas denuncian que no han sido invitadas al acto de Arantzazu y que la campaña promovida por la consejería de Justicia en favor de los derechos humanos, con un coste de 245.000 euros "sólo en gasto publicitario", "obvia todo relato verdadero de la realidad" que sufren las víctimas del terrorismo, en especial en el País Vasco.
La campaña hace "un tratamiento de los derechos humanos abstracto y vacío de contenido", señalan estas asociaciones, que reclaman "claridad" sobre los sujetos que sufren la vulneración de los derechos humanos fundamentales.
"Las víctimas del terrorismo abogamos por la defensa decidida de los derechos humanos fundamentales", señalan los firmantes de esta carta, que recuerdan no obstante que "los asesinatos de ETA son hoy en nuestra sociedad la violación primaria más palpable y evidente" y que esa "violación sistemática y cotidiana de los derechos humanos la produce la organización terrorista desde hace 40 años asesinando, hiriendo, amenazando y extorsionando".
Ponen de relieve que "la lesión del derecho a la vida" por parte de ETA "existe como tal por sí mismo, sin ningún tipo de justificación ni de contextualización", y denuncia que las "legitimaciones que se producen por parte del nacionalismo gobernante" hieren a las víctimas y "alargan cruelmente su dignificación social".
Las víctimas dicen que incluir en el mismo texto el derecho humano a la vida y el derecho a un desarrollo sostenible "cumple la función de ocultamiento de las violaciones "más patentes" de los derechos humanos fundamentales "que se producen de la mano de ETA".
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