El CGPJ acepta liderar las reclamaciones de los jueces por falta de medios e injerencias del Gobierno en sus funciones

MADRID.-  El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Dívar, se comprometió con las asociaciones judiciales y con una delegación de 14 jueces decanos de toda España a "liderar" sus reclamaciones por las deficiencias estructurales y falta de medios que sufre la Justicia española frente al Ejecutivo central y aquellas autonomías con competencias en este ámbito, así como a defender la independencia del Poder Judicial ante cualquier injerencia desde ámbitos políticos.

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EP (EUROPA PRESS)

El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Dívar, se comprometió con las asociaciones judiciales y con una delegación de 14 jueces decanos de toda España a "liderar" sus reclamaciones por las deficiencias estructurales y falta de medios que sufre la Justicia española frente al Ejecutivo central y aquellas autonomías con competencias en este ámbito, así como a defender la independencia del Poder Judicial ante cualquier injerencia desde ámbitos políticos.

Así lo señaló hoy la portavoz del CGPJ, Gabriela Bravo, tras las reuniones mantenidas por Dívar y otros vocales del Consejo con los jueces decanos y representantes de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Francisco de Vitoria (AFV), Jueces para la Democracia (JpD) y Foro Judicial Independiente, un día antes de que se celebren juntas de jueces en toda España para discutir, entre otros asuntos las "injerencias políticas" relacionadas con el expediente abierto al juez de Sevilla Rafael Tirado.

La celebración de dichas juntas coincidirá mañana con el paro que secundarán los secretarios judiciales entre las 10 y las 13 horas en protesta por la sanción impuesta por el Ministerio de Justicia a la secretaria del juzgado de Tirado, Juana Gálvez, por su responsabilidad en el retraso en la ejecución de una sentencia dictada contra Santiago del Valle, presunto asesino de la niña Mari Luz.

SIN ADVERTENCIAS PREVIAS

Según Bravo, durante la reunión no se ha pedido en ningún caso a los jueces que renuncien a la celebración de las juntas ni se les ha hecho advertencia alguna al respecto, ya que "la finalidad del Consejo no es la de fiscalizar ni controlar" estos órganos y confían "en la alta responsabilidad de los jueces en el cumplimiento de los requisitos legales".

"Hemos apelado a la responsabilidad de los jueces que van a celebrar las juntas, pero ello no debe considerarse un mecanismo de presión", insistió Bravo. Según fuentes del Consejo, Dívar no estuvo presente durante el transcurso completo de las reuniones, algo que sí hicieron Bravo y otros vocales, como Miguel Collado, y se limitó a solicitar a los jueces que sus convocatorias de mañana no perjudiquen el desarrolla del servicio público.

Según la portavoz, la postura del Consejo es la de liderar el trabajo para que todas esas reivindicaciones sean una realidad", dijo Bravo, que citó la falta de medios materiales y humanos, la necesidad de modernización y la implantación de la nueva Oficina Judicial entre las prioridades de los jueces y magistrados.

Además, Bravo negó que pueda hablarse de una situación de "caos" en la Justicia y aclaró que el actual "clima de desconfianza" no es respecto al actual Consejo "sino a la institución, debido a la situación heredada" del anterior órgano de gobierno de los jueces.

Respecto de las "injerencias políticas" denunciadas por las asociaciones, la portavoz del CGPJ reiteró el contenido del comunicado emitido la semana pasada en el sentido de que el órgano de gobierno de los jueces no se siente presionado por los comentarios sobre el "caso Tirado", aunque cree que lo ocurrido no contribuye, precisamente, a mejorar la confianza de los ciudadanos en la Justicia.

Las protestas tienen su origen en las manifestaciones realizadas recientemente tanto por el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, como por la vicepresidenta primera y portavoz del Gobierno, Maria Teresa Fernández de la Vega. Ambos han reclamado públicamente una sanción más dura para el juez Tirado.

Se trata del titular del Juzgado de lo Penal de Sevilla número 1, a quien el CGPJ que cesó a finales del pasado mes de septiembre multó con 1.500 euros por los retrasos en la ejecución de una sentencia por abusos sexuales dictada contra Santiago Del Valle. La decisión final sobre Tirado está pendiente de la resolución que adopte el nuevo Consejo tras el recurso interpuesto por la Fiscalía, que pide que el juez sea suspendido por tres años.

Respecto a este expediente en particular, Bravo señaló que durante las reuniones de hoy no se trató este asunto, que se resolverá en el Pleno del CGPJ tras el estudio de la propuesta del instructor.