Salamanca.- El juez decano de Salamanca, Luis Sanz Acosta, ha anunciado hoy que los magistrados salmantinos apoyarán las medidas de presión que se convoquen a nivel nacional ante la falta de medios humanos y materiales en la Administración de Justicia y ha mostrado su "rechazo" a las "injerencias políticas".
La totalidad de los secretarios judiciales de los juzgados de Valladolid, durante la concentración que protagonizaron este mediodía para protestar por la sanción impuesta a su compañera de Sevilla, Juana Gálvez a raíz del "caso Mari Luz".
Así lo ha aseverado en rueda de prensa tras la reunión de la junta provincial de jueces, órgano que, según ha explicado, se ha adherido al comunicado hecho público por los jueces decanos de España en Cádiz el pasado día 8 de octubre en el que mostraban su "rotundo rechazo a las constantes injerencias de los responsables políticos en las facultades que competen exclusivamente al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)".
En este sentido, ha tildado de "intolerables" las indicaciones sobre la sanción concreta que "debería imponerse en cada caso o particular asunto" y ha confiado en que el CGPJ "esté a la altura de las circunstancias" como "máximo garante de la independencia judicial".
Así, ha dejado constancia de que las críticas vertidas -en alusión a la sanción que se debería imponer al juez Tirado por el caso Mari Luz- "pretenden ocultar la responsabilidad del poder político en la secular carencia de medios personales y materiales" para afrontar "la abrumadora carga de trabajo" que soportan los juzgados.
Aunque ha reconocido el "esfuerzo realizado" por los sucesivos gobiernos de la democracia en inversiones en justicia, el juez decano las ha considerado "insuficientes", dado, según ha añadido, que goza de "muchos menos medios" que otras administraciones públicas entre las que ha mencionado a la Seguridad Social y a la Hacienda Pública.
Así, ha reclamado los "medios necesarios" para ejercer "responsable y adecuadamente" las funciones, al tiempo que se ha remitido a los datos hechos públicos por la Comisión Europea para la Eficacia de la Justicia de los que se desprende que España es uno de los países que "tiene menos jueces por habitante de Europa", concretamente 10,05 por cada 100.000 habitantes.
En relación con el traspaso de las competencias judiciales a la Junta de Castilla y León, el magistrado ha considerado que "no son ni buenas, ni malas", ya que, a su juicio, todo depende de "cómo se realice la negociación".
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