Ni plata, ni plomo: la lucha de un abogado español en Guatemala

Guatemala, "uno de los países más violentos del planeta" en palabras de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Louise Arbour, es también uno de los más impunes, con un 98% de crímenes cometidos que quedan sin castigo. El abogado español Carlos Castresana ha pasado el último año intentando poner bridas a esta impunidad desbocada en su labor como director del CICIG (la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala) , el organismo acordado por el Gobierno guatemalteco y la ONU para investigar a los grupos paralelos y clandestinos de seguridad que han penetrado las estructuras del Estado. Preguntamos a Castresana si está ganando o perdiendo la batalla.

El abogado Castresana, director de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala.

Pregunta.- Tras un año de trabajo, ¿no cree que se enfrenta a una tarea demasiado ardua?

Respuesta.- Nos enfrentamos a un escenario complicado, por un lado, porque los responsables del cruento conflicto armado que machacó durante décadas a la sociedad civil guatemalteca, que quedó muy castigada, nunca fueron llevados ante la Justicia. Los Acuerdos de Paz de 1996 no sirvieron para que las instituciones que surgieron tras el conflicto desmantelaran a los aparatos clandestinos de seguridad que operaron en la época de la guerra sucia. Las instituciones resultantes, infliltradas por ese poder paralelo y muy poco conectadas con la sociedad, no pudieron hacer frente a los problemas de impunidad y violencia. A esto se une que esos aparatos, por influencia de los cárteles mexicanos, han evolucionado a modalidades de delincuencia común muy grave, en ocasiones delincuencia organizada.

P.-¿Qué tipo de redes son esas?

R.-Lo que ha pasado es que la presión de las autoridades en países como México y Colombia contra los cárteles de la droga ha hecho que esas redes se desplacen hacia Guatemala —como ocurre cuando aprietas un globo por un lado, que el aire se desplaza inflando otra parte— y han transformado al país en uno de los mayores focos de delincuencia en la región. La tendencia a sustituir las drogas vegetales, que antes centraban el tráfico entre el Sur y el Norte, por drogas químicas, que se producen donde se consumen, incluso en el garaje propio, ha hecho que las infraestructuras de transporte creadas por las mafias quedaran infrautilizadas. Eso ha llevado a estos grupos a reconvertir sus actividades en otro tipo de tráfico: el de personas. La inmigración clandestina, que antes era espontánea, ha seguido creciendo hasta convertirse en un negocio con gran proyección de futuro. El tráfico humano sirve diversas finalidades desde la explotación sexual, hasta el mercado de órganos, el tránsito de trabajadores indocumentados o la compra-venta de bebés, lo que produce un balance de beneficios de miles de millones.

P.- Pero, más allá de las mafias. el Estado guatemalteco sigue teniendo la gran asignatura pendiente del respeto a los derechos humanos...

R.-La violación de los derechos por parte del Estado es por defecto, porque respetar derechos implica también garantizarlos, castigar al culpable, reparar a la víctima. En Guatemala, esa segunda parte está fallando porque el Estado es incapaz de reaccionar. Pero hoy los violadores reales son actores no estatales. No son los Gobiernos los que reprimen sino el crimen organizado.

R.-Ese es uno de los principales retos que enfrentamos: que haya una correlación entre crimen y castigo, que la ley se aplique por igual a todos los ciudadanos. Las cárceles aquí están llenas de pequeños delincuentes, de los más desfavorecidos sin recursos. Los poderosos tienen todos los recursos para evitar que la Justicia actúe.

R.-Hemos trabajado con la Policía, un cuerpo en el que hemos impulsado un cambio de altos mandos y con el Ministerio Público, en el que se produjo la renuncia del Fiscal General para dar paso a una nueva Fiscalía dedicada a trabajar con el CICIG en un modelo en el que fiscales guatemaltecos e internacionales trabajarán juntos. Eso no va a revertir un 98% de impunidad, pero ayudará. El gran reto pendiente es el organismo judicial. En los últimos tres años, los tribunales apenas han resuelto 1.000 casos de las 10.000 denuncias que hay presentadas.

R.-Promover la responsabilidad, que no existe en parte porque no hay correlación entre el trabajo bien hecho y la recompensa; no se diferencia en Guatemala del trabajo bien hecho y la sanción. Impulsar la "dignificación", o sea, lograr que los ciudadanos apuesten por sus instituciones, que la labor de la Policía, por ejemplo, sea reconocida. Hay un círculo de desconfianza que hay que romper. Si se mantiene ese divorcio no vamos a ningún lado porque no se avanza sólo haciendo depuraciones en las instituciones. En tercer lugar, es fundamental nuestro papel ofreciendo protección a los testigos, a los magistrados, para garantizar que no sufren represalias. En los pueblos, los jueces no pueden enfrentarse a los cárteles, que son las organizaciones más poderosas del territorio, porque todo el mundo los conoce y no tardarían en aplicarles lo que Pablo Escobar definió muy bien como "plata o plomo", es decir, o los sobornan o los matan.