Consell pide al Gobierno que financie la interconexión entre los juzgados de las CCAA

Valencia.-  La consellera de Justicia y Administraciones Públicas, Paula Sánchez de León, ha reclamado hoy una partida en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2009 destinada a favorecer la interconexión entre los juzgados de las comunidades autónomas con las competencias transferidas, y que el Gobierno socialista eliminó el pasado ejercicio.

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(EFE)

La consellera de Justicia, Paula Sánchez de León.

Sánchez de León ha comparecido hoy ante el pleno de Les Corts, a petición propia, para informar sobre las líneas generales de su política al frente de la Conselleria, que ha pasado a dirigir tras el nombramiento de su antecesor en el cargo, Fernando De Rosa, como vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

La consellera ha lamentado que el Ejecutivo sólo destina partidas para la modernización de la Justicia a las autonomías sin competencias transferidas, mientras que "olvida la tan reclamada interconexión entre los juzgados de todo el territorio nacional".

En esta materia, su departamento va reclamar una partida para las comunidades con competencias transferidas "con el fin de lograr la coordinación de la Administración de Justicia en todo el Estado", una línea presupuestaria que, según ha dicho, fue creada en 2004 por el entonces ministro José María Michavila y anulada en los Presupuestos del presente ejercicio.

La cuantía de esta partida deberá equivaler a la tasa por ejercicio de la actividad jurisdiccional ante los juzgados civiles y contenciosos que se recauda en la Comunitat, que en 2003 y 2006 ha oscilado entre 1 y 3 millones de euros.

En ella también se incluiría el dinero consignado en las cuentas de los órganos judiciales de la Comunitat, que durante 2007 ascendió a 300 millones de euros, y cuyos intereses se ingresan directamente al Estado, según Sánchez de León.

La Conselleria de Justicia, por su parte, promoverá reformas legislativas para la utilización generalizada de las nuevas tecnologías en la tramitación procesal, a través de un texto normativo ya ha elaborado y que remitirá a Les Corts.

La consellera también ha abogado por profundizar en la "desjudicialización" de los conflictos como alternativa a los "atascos de la justicia", una opción que su departamento regulará en el anteproyecto de la Ley de Mediación que está preparando.

Junto a estas cuestiones, uno de los "grandes objetivos de la legislatura" será el de implantar la Administración Electrónica, una medida que se plasmará en un anteproyecto de ley que tramita el Consell y que ayer obtuvo el dictamen favorable del Comité Económico y Social.

En el turno de réplica, la diputada socialista Josefa Andrés ha criticado la falta de recursos que sufren los jueces valencianos, a los que la Generalitat no destina "suficientes medios", a lo que la consellera ha contestado que la Comunitat es la tercera autonomía con menor número de jueces por habitante y que corresponde al Gobierno la creación de un centenar de órganos judiciales.

Andrés le ha replicado que "jamás durante los cinco años de Gobierno del PSOE han pedido más juzgados de los que el Gobierno les ha dado", y ha contrapuesto a la "megalomanía" de los edificios judiciales del PP al "montón de papeles" que se acumula en su interior.

La oposición también ha criticado la lentitud con la que se está instruyendo la causa abierta contra el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, en el Juzgado número 1 de Nules.

Para Andrés, esta situación "evidencia que la justicia no es igual para todos", mientras que la portavoz del grupo de Compromís, Mònica Oltra, ha acusado a los populares de "estar en connivencia con la estrategia de Fabra".