La huelga de empleados públicos colombianos termina empañada por atentados y disturbios

Bogotá.-  La huelga de funcionarios públicos colombianos, en la que participaron unos 500.000 trabajadores, terminó empañada hoy por una oleada de bombas en Bogotá, la desactivación de explosivos en el sur del país y disturbios en la ciudad de Medellín.

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Los artefactos, de baja intensidad, crearon alarma en sectores del norte y oeste de Bogotá, áreas retiradas de la céntrica Plaza de Bolívar, donde unos 10.000 empleados estatales se concentraron para reclamar mejoras salariales y derechos laborales.

La jornada de protesta, también en apoyo a la gran marcha indígena que se desarrolla en el suroeste de Colombia y al paro de cortadores de caña que se prolonga desde hace más de un mes, fue convocada por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).

Antes de las explosiones de Bogotá, el fiscal nacional de la CUT, Fabio Arias, declaró a Efe que la jornada transcurría "en calma".

Pero poco después, el presidente de la CUT, Tarcisio Mora, debió salir al paso y consideró que esos atentados, así como los disturbios registrados en la Universidad de Antioquia, en Medellín, fueron "hechos aislados".

A su juicio, no tuvieron nada que ver con la jornada de protesta y confió en que las autoridades detengan e identifiquen a los autores de los desórdenes y las acciones terroristas.

Sobre el seguimiento de las marchas, el director operativo de la Policía colombiana, general Orlando Páez, dijo que no tuvieron "carácter masivo", al revelar además que seis pequeñas bombas fueron desactivadas en el municipio de Santander de Quilichao (suroeste) y en el departamento del Putumayo (sur).

Precisamente en Santander de Quilichao, en el departamento del Cauca, unos 20.000 indígenas retomaron hoy su marcha hacia Cali a través de uno de los carriles de la Carretera Panamericana.

En una entrevista con Efe mientras transcurría la marcha en el centro de Bogotá, el fiscal de la CUT precisó, en contra de la versión oficial, que "ha habido movilizaciones en todas las capitales de los departamentos".

"Sabemos que la gente ha salido de sus oficinas, de sus puestos de trabajo, a acompañar las marchas en el país", precisó el dirigente.

Según datos ofrecidos por Arias, "de 650.000 trabajadores afiliados en la CUT, unos 500.000 acataron la orden de paro", así como "un buen sector del magisterio, al menos un 70 por ciento de los educadores".

También "los trabajadores de la salud, especialmente en la costa atlántica (norte), empleados del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian)".

Asimismo, "personal de la Contraloría General de la República, de la Superintendencia de Notariado y Registro, y sindicatos de universidades y colegios públicos".

El dirigente atribuyó la ausencia de las otras dos grandes centrales sindicales, la Confederación General de Trabajadores (CGT) y la Confederación Colombiana de Trabajadores (CTC), "a que los hechos se precipitaron".

Según Arias, esa situación se dio después de que el Ejecutivo del presidente Álvaro Uribe declarara el estado de excepción hace dos semanas en el sector judicial, en huelga en aquel momento, y anunciara represalias contra los seguidores del paro.

"En la CUT dijimos, de una manera muy rápida, tenemos que salir a protestar por lo que le puede pasar a los demás", anotó.