El juzgado rechaza por segunda vez sobreseer la causa contra de Pilar Gracenea

San Sebastián.-  El Juzgado de Instrucción número 2 de Irun ha rechazado por segunda vez la posibilidad de sobreseer las actuaciones contra Pilar Gracenea en el caso del presunto fraude de la Hacienda de la localidad fronteriza, como pedía esta funcionaria, una de los cinco imputados en el caso.

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(EFE)

Pilar Gracenea (c), una de los imputados en el caso del presunto fraude de la Hacienda de Irún.

En la primera ocasión en la que Gracenea solicitó el archivo de la causa respecto a su persona, el pasado mes de abril, el juzgado se opuso al considerar que en aquel momento de la instrucción resultaba "prematuro" adoptar esta medida.

Ahora, el juez Julián García Marcos vuelve a desestimar en un auto la pretensión de Gracenea ya que, en su opinión, "existen indicios de criminalidad" contra esta trabajadora de la oficina de Hacienda de Irun que "excluyen" la posibilidad de acordar el sobreseimiento de la causa abierta en su contra "hasta el momento en que la instrucción termine".

El escrito judicial, fechado el pasado 13 de octubre, cita entre estos indicios la existencia de algunos expedientes en los que obran insolvencias no aclaradas, que fueron tramitadas "incluso" después de la excedencia del principal imputado y ex director de la Hacienda de Irun, José María Bravo.

El texto recuerda además que en esa causa "aún quedan por dilucidar" unas "discrepancias" alegadas por la propia Gracenea, para lo que posiblemente "serán necesarias nuevas diligencias de instrucción.

El documento insiste además en el hecho de que, "aún cuando la instrucción se encuentra avanzada, ni mucho menos está concluida", por lo que el juez "no cuenta con los elementos suficientes para tomar una decisión en orden a la imputación de determinadas personas o el sobreseimiento de las actuaciones".

Recuerda en este sentido que recientemente se ha acordado la práctica de una prueba pericial para "valorar" los últimos expedientes remitidos por el departamento foral de Hacienda y determinar "las cantidades de las que presuntamente pueden haberse apropiado los imputados".

Precisa además que "un estudio profundo de las actuaciones" también "pudiera aconsejar la práctica de nuevas diligencias instructoras que, aun no habiendo sido acordadas, pudieran resultar necesarias" para "el buen fin" de la investigación.

El auto explica que el "esfuerzo argumentativo" que la defensa de Gracenea hace en su petición de archivo de las actuaciones respecto a su cliente no resulta "suficiente para desvirtuar los indicios" en su contra.

El juez considera que esta situación "obliga" a mantener su imputación hasta que, una vez concluida la instrucción, sea posible determinar "con todos los elementos de convicción" cuál es "el alcance y virtualidad de los indicios de criminalidad que se aprecian respecto a la imputada".

Pilar Gracenea es una de las cinco personas imputadas en esta causa, en la que también están acusados José María Bravo, su esposa Rosa Cobos, Pedro María Atristrain, socio del anterior, y el decorador José Lamy.

Tanto Gracenea como Atristain compartían con Bravo la titularidad de algunas de las empresas de las que presuntamente se sirvió el principal imputado para encubrir la procedencia ilícita del dinero obtenido gracias a este presunto fraude, que la Diputación de Guipúzcoa sitúa en 8,1 millones de euros.